Fiscalía peruana acusa a Boluarte y exministros por lesiones a 75 manifestantes
El jueves 15 de mayo de 2025, la Fiscalía de la Nación de Perú presentó una nueva denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y seis exministros de su primer gabinete. La acusación se basa en presuntos delitos de lesiones leves y graves cometidos contra al menos 75 manifestantes durante las protestas sociales que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Esta es la tercera denuncia constitucional presentada contra Boluarte por hechos relacionados con la represión de las manifestaciones. Las anteriores incluyeron cargos por homicidio calificado y lesiones graves, y una de ellas también involucraba acusaciones de genocidio.
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Funcionarios implicados en la denuncia
Además de la presidenta Boluarte, la denuncia alcanza a los ex primeros ministros Pedro Miguel Angulo Arana y Luis Alberto Otárola Peñaranda. También están incluidos los exministros del Interior César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, así como el exministro de Defensa Jorge Luis Chávez Cresta.
El Ministerio Público sostiene que estos funcionarios son presuntos autores de los delitos de lesiones leves y graves en agravio de ciudadanos como Ronald Rojas Ramos y Michel Chipana Vega, entre otros. Los hechos están vinculados a las protestas sociales ocurridas en regiones como Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana.
Uso excesivo de la fuerza durante las protestas
La denuncia señala que las lesiones a los manifestantes fueron resultado del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. El Ministerio Público afirma que estos actos fueron de pleno conocimiento de los investigados.
Las protestas se desencadenaron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte al poder. La decisión de Boluarte de no convocar a elecciones anticipadas, como inicialmente había prometido, generó un estallido social en diversas regiones del país.
Procedimiento de la denuncia constitucional
Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a altos funcionarios del Estado peruano, incluido el presidente. Para que el proceso continúe, el Congreso debe evaluar la denuncia y, de considerarlo pertinente, recomendar acusar a la persona investigada. Solo entonces se puede proceder con el juicio correspondiente.
Actualmente, las denuncias anteriores contra Boluarte y sus exministros se encuentran en etapa de investigación y análisis por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Hasta la fecha, no se ha emitido un informe final ni se ha elevado el caso a la Comisión Permanente para su evaluación.
Reacciones y contexto político
La presidenta Boluarte y otros acusados han criticado la actuación de la Fiscalía, calificándola de politizada. A pesar de las acusaciones, la mandataria tiene previsto asistir a la entronización del papa León XIV en el Vaticano.
Las organizaciones de derechos humanos han denunciado la represión y posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del orden durante las protestas. Los familiares de las víctimas y diversos sectores de la sociedad civil continúan exigiendo justicia y sanciones para los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese periodo.
El desarrollo de este proceso legal será clave para determinar la responsabilidad de los altos funcionarios en los hechos ocurridos durante las protestas y podría tener implicaciones significativas en el panorama político peruano.