El senador demócrata Chris Van Hollen denunció que se le negó una reunión con Kilmar Abrego García, un residente de Maryland deportado a El Salvador por error y actualmente detenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel reconocida por sus condiciones extremas. La administración del presidente Donald Trump, según el legislador, estaría utilizando este caso como parte de una estrategia política vinculada a su retórica migratoria.
Van Hollen viaja a El Salvador sin poder contactar con Kilmar Abrego García
Chris Van Hollen viajó a El Salvador el 16 de abril con la intención de visitar a Kilmar Abrego García, quien fue deportado el mes pasado tras ser detenido en un control de tráfico, a pesar de contar con una orden judicial que impedía su expulsión del país por razones humanitarias desde 2019. Sin embargo, las autoridades salvadoreñas se negaron a permitir cualquier tipo de contacto, ni siquiera telefónico, entre el senador, la familia del detenido y Abrego García.
“He pedido hablar con él por videollamada o simplemente por teléfono. Ni eso fue posible”, declaró Van Hollen en una rueda de prensa en San Salvador. El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, indicó que no podía garantizar una visita, ni siquiera para la semana siguiente. El senador calificó la situación como “injusta” y afirmó que el caso representa un atropello al debido proceso.
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Ccceso negado a legisladores demócratas, pero permitido a aliados republicanos
La controversia creció al conocerse que varios legisladores republicanos, así como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sí tuvieron acceso al CECOT. En videos difundidos en redes, Noem aparece de pie frente a filas de detenidos, mientras que al senador demócrata se le negó incluso una llamada.
“El gobierno de Trump está claramente manipulando el acceso y la información para favorecer su narrativa política”, sostuvo Van Hollen. Además, acusó a la administración republicana de mantener a Kilmar Abrego García en prisión como una forma de satisfacer a sectores de línea dura dentro de su base electoral.
Según revelaciones posteriores, el Departamento de Estado firmó un acuerdo de seis millones de dólares con el gobierno de El Salvador para financiar la detención de inmigrantes deportados, incluidos aquellos en circunstancias irregulares como la de Kilmar Abrego García.
JIM LO SCALZO/EFE
Ataques desde la Casa Blanca y acusaciones infundadas
La Casa Blanca, por su parte, respondió con dureza. Steven Cheung, director de comunicaciones de la oficina de Trump, calificó al senador Van Hollen como una “deshonra total” y lo acusó de defender a un supuesto miembro de la pandilla MS-13 por encima de las víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes ilegales.
“Chris y sus amigotes que se orinan en la cama han mostrado más preocupación por un delincuente que por el pueblo estadounidense”, declaró Cheung en un comunicado. El Departamento de Seguridad Nacional también lo acusó de hacer más por “un miembro de una organización terrorista extranjera” que por sus propios votantes.
Sin embargo, ni el gobierno de El Salvador ni las autoridades estadounidenses han presentado pruebas concluyentes que vinculen a Kilmar Abrego García con la MS-13 o con redes de trata de personas. De hecho, la fiscal general Pam Bondi afirmó que “vivía ilegalmente en Estados Unidos” y que no tenía derecho a regresar, pero no aportó evidencias concretas sobre los supuestos delitos.
“El gobierno de Trump miente cuando asegura que Abrego García era un delincuente. Fue secuestrado ilegalmente y enviado a una prisión salvadoreña sin proceso justo”, replicó Van Hollen.
Lenin Nolly/EFE
Corte Suprema ordena su liberación, pero el gobierno ignora el fallo
La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno facilitar la liberación de Kilmar Abrego García en El Salvador, alegando que su detención era ilegal. A pesar del fallo, las autoridades estadounidenses no han realizado gestiones efectivas para su repatriación.
El martes, un juez federal en Maryland reprendió al gobierno por no haber cumplido con la orden judicial. La jueza Paul Xinis declaró que no se tolerarán “jugarretas ni discursos grandilocuentes” y exigió una respuesta inmediata sobre la ubicación y el estado de Abrego García, así como las acciones emprendidas para garantizar su regreso a territorio estadounidense.
Jennifer Vásquez Sura, esposa de Abrego García, se presentó frente a un tribunal federal en Maryland el 15 de abril. Desde allí, suplicó públicamente al expresidente Trump que “deje de usar la vida de su esposo como una artimaña política”.