La deportación de tres niños ciudadanos estadounidenses junto a sus madres indocumentadas ha provocado una ola de indignación y renovado el debate sobre las políticas migratorias implementadas durante la administración del presidente Donald Trump.
Los casos, documentados por diversos medios como NBC News y The New York Times, revelan que los menores, todos menores de 10 años, fueron incluidos en vuelos de deportación a solicitud de sus madres, según explicó el entonces funcionario Tom Homan durante una conferencia de prensa. La controversia creció tras conocerse que uno de los niños deportados estaba bajo tratamiento por cáncer en etapa 4 y fue expulsado sin su medicación.
Gobierno de Trump defendió la deportación de niños ciudadanos estadounidenses
Durante su comparecencia pública, Tom Homan, quien fungía como zar de la frontera en la Casa Blanca, defendió la decisión gubernamental, argumentando que las madres habían solicitado que sus hijos viajaran con ellas. “Esto es una decisión parental. Parenting 101”, sostuvo el exfuncionario. Homan también declaró que el gobierno estaba “manteniendo juntas a las familias” y negó que los menores hubieran sido deportados por el Estado. “No deportamos a ciudadanos estadounidenses. Fueron los padres quienes tomaron la decisión, no el gobierno de Estados Unidos”, dijo.
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Sin embargo, esta explicación fue puesta en entredicho por abogados de inmigración, quienes señalaron que las madres podrían haber actuado bajo presión o desinformación. Gracie Willis, abogada del National Immigration Project, afirmó a The Independent que las mujeres “no tuvieron oportunidad de comunicarse con otras personas para tomar decisiones familiares importantes”. La rapidez del proceso impidió incluso evaluar opciones de permanencia legal o custodia alternativa dentro del país.
Además, dos de las madres deportadas estaban en proceso para obtener alivio migratorio, pero debido a que ICE les negó el acceso a sus representantes legales, no pudieron recibir asesoría jurídica a tiempo. Esta omisión podría constituir una violación del derecho al debido proceso.
El llamado ‘zar de la frontera’ de EE.UU., Tom Homan, durante una rueda de prensa, este 28 de abril de 2028, en la que defendió la deportación de niños estadounidenses de madres indocumentadas. EFE/Francis Chung/Pool
Deportación de niños ciudadanos estadounidenses: decisiones cuestionadas por jueces y activistas
Durante una audiencia judicial, el juez federal Terry Doughty expresó serias dudas sobre la validez del consentimiento otorgado por las madres. Según NBC News, Doughty indicó que no se puede asegurar que las mujeres comprendieran completamente las consecuencias de permitir que sus hijos fueran deportados con ellas. “El gobierno sostiene que todo está bien porque las madres querían que sus hijos fueran deportados con ellas, pero la corte no sabe eso con certeza”, manifestó el magistrado.
La deportación de niños ciudadanos estadounidenses ha sido criticada por organizaciones de derechos civiles, que consideran que las familias no fueron informadas de sus derechos ni recibieron apoyo legal oportuno. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) denunció que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Nueva Orleans mantuvo a las familias prácticamente incomunicadas, dificultando el acceso a abogados o familiares.
En uno de los casos más alarmantes, el padre de uno de los menores intentó transferir la custodia del niño a un pariente residente legal en Estados Unidos. Sin embargo, la rapidez del proceso de deportación impidió evaluar esta alternativa. Según el medio The Independent, la falta de comunicación entre ICE, las madres y sus abogados impidió considerar otras opciones legales que podrían haber evitado la salida forzada de los niños ciudadanos.
Peronas piden en una protesta no aplicar la deportación de niños estadounidenses de madres indocumentadas y mantener unidas a las familias, en una fotografía de archivo. EFE/Erik S. Lesser
Implicaciones legales de la deportación de niños ciudadanos estadounidenses
La polémica deportación de niños ciudadanos estadounidenses reaviva las tensiones en torno a la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Esta norma ha sido cuestionada en varias ocasiones por Trump, quien en 2018 declaró que quería ponerle fin mediante una orden ejecutiva, aunque dicha iniciativa no prosperó legalmente.
Expertos legales sostienen que, aunque los menores no pueden ser deportados técnicamente, su salida puede producirse si los padres solicitan que los acompañen. No obstante, para que esta decisión sea válida, debe estar basada en un consentimiento informado, libre y consciente, cosa que, según las denuncias, no ocurrió en estos casos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió las acciones y aseguró que “es habitual que los padres solicitantes de asilo o en procesos de deportación prefieran ser removidos junto con sus hijos”. Tricia McLaughlin, vocera del DHS, indicó que el gobierno “se toma muy en serio la responsabilidad de proteger a los niños” y que trabajan para garantizar su seguridad durante todo el proceso migratorio.