El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la dirección de la fiscal general Pam Bondi, despidió el 27 de junio a al menos tres fiscales involucrados en los casos relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, según fuentes familiarizadas con el asunto.
Estos despidos, que incluyen a dos supervisores de la fiscalía federal en Washington y a un fiscal que manejó procesos derivados del ataque, son parte de una serie de movimientos que han generado preocupación por la independencia del departamento y el respeto a las normas del servicio civil. Aquí te contamos qué está detrás de estas destituciones, cómo afectan a los fiscales de carrera y por qué el tema está causando tanto revuelo.
Los despidos, efectivos de inmediato, fueron notificados mediante cartas firmadas por Pam Bondi, quien asumió como fiscal general tras la toma de posesión del presidente Donald Trump en enero de 2025. Las cartas, según una copia revisada por fuentes oficiales, citan el Artículo II de la Constitución y leyes federales, pero no especifican motivos claros para las destituciones. Estas acciones se suman a una ola de medidas que incluyen la reasignación y degradación de otros fiscales relacionados con los casos del 6 de enero, así como los indultos masivos otorgados por Trump a más de 1,500 personas condenadas por el ataque al Capitolio.
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Los despidos en el Departamento de Justicia
Entre los fiscales destituidos están dos que supervisaban los casos del asalto al Capitolio en la fiscalía de Washington y otro que trabajó directamente en los procesos. Estas destituciones siguen a otras medidas tomadas por la administración Trump, como las degradaciones ordenadas en febrero por el entonces fiscal federal interino Ed Martin, quien rebajó a varios fiscales, incluido el jefe de la Sección de Asedio al Capitolio. También se degradaron fiscales que lograron condenas por conspiración sediciosa contra figuras como Stewart Rhodes, fundador de Oath Keepers, y Enrique Tarrio, exlíder de Proud Boys.
En enero, el subsecretario de Justicia interino Emil Bove ordenó el despido de unas dos docenas de fiscales contratados temporalmente para los casos del 6 de enero, pero que habían pasado a roles permanentes tras la victoria electoral de Trump en noviembre de 2024. Bove justificó estas acciones afirmando que no toleraría “acciones de personal subversivas” de la administración anterior. Estas decisiones han sido vistas como un esfuerzo por purgar a fiscales considerados no alineados con la agenda de Trump, lo que ha levantado alertas sobre la politización del Departamento de Justicia.
La polémica por los indultos del 6 de enero
El contexto de estos despidos está ligado a los indultos otorgados por Trump el primer día de su segundo mandato, cuando liberó o conmutó las sentencias de todos los condenados por el asalto al Capitolio, incluidos aquellos encontrados culpables de agresión violenta contra policías y conspiración sediciosa.
Estos indultos han intensificado las críticas hacia las acciones de Pam Bondi, quien parece estar liderando una reestructuración del Departamento de Justicia para alinear al personal con los objetivos de la administración. La falta de transparencia en las razones de los despidos ha generado preocupación entre defensores de la independencia judicial, quienes temen un impacto en la capacidad del departamento para manejar casos futuros de manera imparcial.
Las destituciones no solo afectan a los fiscales directamente involucrados en los casos del 6 de enero, sino que también envían un mensaje a otros empleados de carrera. En un comunicado, el Departamento de Justicia declinó hacer comentarios específicos sobre los despidos, lo que ha alimentado la percepción de que las decisiones son políticamente motivadas. Las acciones de Pam Bondi se suman a otras reasignaciones de altos funcionarios, como los transferidos a tareas relacionadas con políticas migratorias, vistas como un intento de forzar renuncias.
Críticas por purga en el Departamento
La reacción a los despidos ha sido contundente. Líderes demócratas, como el representante Hakeem Jeffries, han calificado estas acciones como un “ataque peligroso” a la ley y el orden, acusando a la administración de socavar a los servidores públicos que investigaron el asalto al Capitolio. La senadora Maria Elena Durazo también expresó su preocupación, señalando que estas medidas podrían desmoralizar al personal del Departamento de Justicia y afectar su capacidad para abordar amenazas a la seguridad nacional.
Mientras tanto, el caso ha reavivado el debate sobre la autonomía del Departamento de Justicia. Las destituciones de Pam Bondi y las políticas de la administración Trump sugieren un esfuerzo por consolidar el control sobre la institución, lo que podría tener implicaciones a largo plazo para la justicia en Estados Unidos. A medida que el tema sigue desarrollándose, la comunidad espera más claridad sobre cómo estos cambios afectarán el funcionamiento del sistema judicial y la confianza pública en sus instituciones.