Madre guatemalteca da a luz en EE.UU. y logra frenar deportación inmediata
Erika, una joven guatemalteca de 24 años, emprendió un arduo viaje a través del desierto de Sonora, cruzando la frontera entre México y Estados Unidos con ocho meses de embarazo. Tras dos días de caminata, fue detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza cerca de Rancho Tres Bellotas, Arizona, el 28 de abril de 2025. Poco después, comenzó a experimentar dolores de parto y fue trasladada al Centro Médico de Tucson, donde dio a luz a una niña, ciudadana estadounidense por nacimiento.
Intento de deportación acelerada genera controversia
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A pesar de haber dado a luz recientemente, Erika fue informada por autoridades federales que sería deportada de manera expedita, lo que implicaría la separación de su hija recién nacida. Su abogado, Luis Campos, denunció que se le negó el acceso al hospital para comunicarse con su clienta, calificando la situación como un «secuestro». La noticia generó indignación y movilizó a la comunidad local en Tucson, que organizó protestas frente al hospital exigiendo la liberación de Erika y su bebé.
Intervención de la gobernadora de Arizona
La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, intervino directamente en el caso. Su oficina se comunicó con las autoridades federales para solicitar información sobre el estado de salud de Erika y su hija, expresando su desacuerdo con las prácticas migratorias que consideró inadecuadas. Gracias a esta intervención, Erika fue retirada del proceso de deportación acelerada y colocada en un procedimiento migratorio estándar, lo que le permite presentar una solicitud de asilo y permanecer con su hija mientras se resuelve su situación legal.
Contexto de políticas migratorias restrictivas
El caso de Erika se enmarca en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump. La implementación de la «Operación Safeguard» ha intensificado las deportaciones, incluso de familias con niños ciudadanos estadounidenses. En 2024, más de 61,000 guatemaltecos fueron deportados, una cifra récord que refleja la creciente presión sobre las comunidades migrantes.
Apoyo comunitario y esperanza de asilo
Actualmente, Erika y su hija están bajo el cuidado de una organización no gubernamental en Phoenix, donde esperan una entrevista de «miedo creíble» para sustentar su solicitud de asilo. Su caso ha generado un debate nacional sobre los derechos de las madres migrantes y sus hijos nacidos en Estados Unidos, destacando la tensión entre las políticas de seguridad fronteriza y los principios humanitarios.
La historia de Erika pone de relieve las complejidades del sistema migratorio estadounidense y la importancia de la intervención legal y comunitaria para proteger los derechos de los más vulnerables.