Hegseth envía marines a Florida, Texas y Luisiana: esta es la razón
El 3 de julio de 2025, el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) anunció el despliegue de 200 marines del Escuadrón de Apoyo Aéreo 272, con base en New River, Carolina del Norte, para apoyar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, como parte de un plan más amplio que incluye Texas y Luisiana. Autorizado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, este movimiento responde a una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para aliviar la presión sobre ICE en medio de la agenda migratoria del presidente Donald Trump. La comunidad latina, que representa el 18% de la población estadounidense según el Censo 2024, teme un aumento en las redadas.
Apoyo logístico, no policial
Los marines, primera oleada de un despliegue de hasta 700 efectivos bajo la autoridad del Título 10, realizarán tareas administrativas y logísticas, como coordinación de transporte y gestión de datos, en instalaciones de ICE. USNORTHCOM aclaró que están estrictamente prohibidos de interactuar con detenidos o participar en detenciones, respetando la Ley Posse Comitatus, que limita el uso militar en funciones policiales. Este apoyo, que también se extenderá a Texas y Luisiana, busca liberar a los agentes de ICE para enfocarse en redadas, con 19,663 deportaciones reportadas en 2025, según el DHS.
Contexto de la política migratoria de Trump
La movilización es parte de la estrategia de Trump para deportar a 11 millones de indocumentados, incluyendo operaciones en centros como “Alligator Alcatraz” en Florida, que procesó 1,200 detenciones en junio, según el DHS. En mayo, Hegseth autorizó el envío de 700 tropas tras una solicitud del DHS del 9 de mayo, con 100 guardias nacionales ya en “Alligator Alcatraz”. La comunidad latina, que aporta 2.8 billones de dólares al PIB, según Nielsen, enfrenta crecientes temores, con un 65% desaprobando estas políticas, según Univisión.
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Críticas por militarización
Veteranos y expertos legales han criticado el uso de militares en tareas migratorias. Chris Purdy, de The Chamberlain Network, calificó la visión de Trump sobre las Fuerzas Armadas como “peligrosa”, argumentando que no están diseñadas para estas funciones. El teniente coronel retirado Dan Maurer señaló que la participación de marines excede las intenciones del Congreso, especialmente bajo los acuerdos 287(g), que permiten colaboración local con ICE pero no justifican despliegues militares. Una encuesta de YouGov indica que el 60% de los estadounidenses se opone a esta militarización.
Impacto en la comunidad latina
En Florida, donde el 26% de la población es latina, las redadas han generado protestas. En Miami, un operativo reciente en un refugio de menores desató críticas por usar a niños como “cebo” para detener a padres indocumentados, según la Coalición de Inmigrantes de Florida. En Texas, un corredor militar de 402 km en Cameron e Hidalgo refuerza la seguridad fronteriza, afectando a comunidades latinas que contribuyen con $250 mil millones a la economía estatal, según el Urban Institute. La incertidumbre ha reducido la asistencia escolar en un 10%, según United Teachers of Dade.
Resistencia y acciones legales
La ACLU y el American Immigration Council planean demandar al DHS, argumentando que estas operaciones violan derechos constitucionales. Una marcha el 10 de julio en Miami espera reunir a 2,000 personas, según LULAC, exigiendo transparencia. México, como observador en una cumbre migratoria el 15 de julio en Washington, abordará el impacto en sus ciudadanos, que constituyen el 50% de los deportados en 2025, según la presidenta Claudia Sheinbaum. La comunidad latina organiza talleres legales en Houston y Miami para orientar a 1,500 familias.
Reacciones oficiales
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió el despliegue, afirmando que “fortalece la seguridad nacional”. Sin embargo, el senador Marco Rubio expresó preocupaciones sobre la percepción pública, instando a limitar el rol militar. Hegseth, en un comunicado, enfatizó que los marines solo manejarán “tareas de oficina” para evitar conflictos legales. Mientras, la comunidad latina y defensores de derechos humanos exigen un alto a la militarización, temiendo un impacto desproporcionado en sus comunidades.