En un movimiento que ha generado controversia y preocupación entre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Rentas Internas (IRS) han avanzado en un acuerdo que permitirá compartir información de los contribuyentes, incluidos los inmigrantes indocumentados, para facilitar las deportaciones. Este acuerdo ha levantado una serie de cuestionamientos legales, sociales y éticos, y se encuentra actualmente bajo revisión judicial.
El acuerdo entre el DHS y el IRS: qué implica
Este acuerdo sin precedentes ha creado un ambiente de incertidumbre entre los inmigrantes indocumentados que han estado presentando sus declaraciones de impuestos al IRS por años, con la promesa de que su información personal, incluyendo su lugar de residencia, solo sería utilizada con fines tributarios. Sin embargo, el nuevo acuerdo pone en riesgo esa privacidad al permitir que el gobierno comparta dicha información con ICE (Oficina de Inmigración y Control de Aduanas), para poder localizar y deportar a los inmigrantes con órdenes de deportación.
La preocupación radica en que, según varios expertos, el verdadero propósito de este acuerdo no es cumplir con investigaciones criminales, como alega el gobierno, sino más bien facilitar un proceso de deportación masiva, que se enmarca dentro de la política de la administración Trump de eliminar a los inmigrantes indocumentados del país. Según este acuerdo, ICE podrá solicitar al IRS información clave como nombres, direcciones, números de seguro social y otros detalles relevantes de personas que tengan órdenes finales de deportación.
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JIM LO SCALZO/EFE
¿Qué implicaciones legales tiene el acuerdo entre el IRS y el DHS?
La legalidad del acuerdo entre el IRS y el DHS ha sido puesta en duda por numerosos expertos en derecho. En particular, el Tax Law Center de la Universidad de Nueva York argumenta que el gobierno está utilizando una «excusa falsa» al justificar el intercambio de información con fines de investigaciones criminales, cuando, en realidad, el objetivo final parece ser la deportación de miles de inmigrantes indocumentados.
Según el memorando presentado por el Departamento de Justicia en la corte, el acuerdo se ampara en la sección 1253 del Título 8 del Código de EE. UU., que establece penalidades para los inmigrantes con una orden final de deportación que no se han ido del país. Sin embargo, los expertos del TLC señalan que esta sección no establece una excepción clara para compartir la información tributaria con fines migratorios, lo que pone en entredicho la constitucionalidad de esta medida.
Preocupaciones sobre el abuso de información personal
El acuerdo entre el IRS y el DHS también ha generado preocupaciones sobre la privacidad y el uso indebido de la información personal. Los inmigrantes indocumentados que han estado pagando impuestos con su número de identificación del contribuyente (ITIN) pueden ver su privacidad comprometida, ya que sus datos personales serán compartidos con ICE para facilitar las deportaciones. Además, el acuerdo no especifica claramente cómo se manejarán los datos de aquellos que no tienen órdenes de deportación, pero que han estado en el país durante muchos años.
La sección 6103 del Código de Rentas Internas, que protege la confidencialidad de la información tributaria de los contribuyentes, ha sido citada en el memorando como un mecanismo que se utilizará para que ICE pueda acceder a esta información. Sin embargo, los expertos argumentan que no existe una excepción legal clara que permita el uso de estos datos para fines migratorios.
Fotografía de archivo del exterior del Departamento de Seguridad Nacional en Washington (EE.UU.). EFE/EPA/ Graeme Sloan
Impacto en la comunidad de inmigrantes indocumentados
El posible impacto de este acuerdo en la comunidad de inmigrantes indocumentados es significativo. A muchos de ellos se les ha alentado durante años a declarar impuestos para cumplir con la ley, lo que a su vez les permitía contribuir al sistema fiscal de EE. UU. Sin embargo, la implementación de este acuerdo podría cambiar la dinámica, ya que muchos inmigrantes podrían optar por no declarar impuestos por temor a que su información sea utilizada para su deportación.
Según estimaciones del Budget Lab de la Universidad de Yale, los inmigrantes indocumentados pagaron aproximadamente 66,000 millones de dólares en impuestos federales en 2023, una cifra que incluye impuestos sobre la nómina. Si este acuerdo resulta en una disminución en la declaración de impuestos por parte de los inmigrantes, se podrían perder 25,000 millones de dólares en ingresos por impuestos sobre la nómina para 2026, y 313,000 millones de dólares entre 2026 y 2035.
La respuesta legal y judicial al acuerdo
La jueza federal Dabney Friedrich, de Washington DC, será quien escuche los argumentos sobre si el acuerdo entre el IRS y el DHS debe proceder. Mientras tanto, los abogados que representan a los inmigrantes indocumentados están trabajando arduamente para bloquear la implementación del acuerdo, argumentando que el intercambio de información violaría los derechos constitucionales de privacidad y debido proceso de los inmigrantes.
En una reciente audiencia, los abogados también manifestaron que el acuerdo podría afectar a millones de inmigrantes, no solo a aquellos con órdenes de deportación, como inicialmente se mencionó, lo que amplificaría aún más el impacto de esta política.