En una medida sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado la suspensión de todas las visas para titulares de pasaportes de Sudán del Sur, un país que ha mostrado reticencia a aceptar la repatriación de sus ciudadanos deportados desde territorio estadounidense. Esta acción ha generado una serie de reacciones, desde las autoridades gubernamentales de ambos países hasta analistas internacionales, que se preguntan si esta decisión es una represalia por la negativa del gobierno sursudanés a cooperar en los vuelos de deportación.
La medida de EE.UU.: suspensión total de visados a Sudán del Sur
El 5 de abril de 2025, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció en un comunicado que el gobierno estadounidense tomaría medidas para revocar todas las visas de los ciudadanos sudaneses y para impedir la emisión futura de estos visados. Según Rubio, la decisión se tomó debido a la falta de cooperación del gobierno de Sudán del Sur para aceptar a sus ciudadanos deportados de vuelta a su país.
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«Estamos tomando medidas para revocar todas las visas de los titulares de pasaportes de Sudán del Sur y restringir cualquier emisión futura para evitar su ingreso a los Estados Unidos, con efecto inmediato», afirmó Rubio, explicando que esta acción se mantendría hasta que las autoridades sursudanesas cooperen plenamente con el proceso de deportación de sus ciudadanos. «Es hora de que el Gobierno de transición de Sudán del Sur deje de aprovecharse de Estados Unidos», añadió el secretario de Estado.
Esta medida se ha convertido en la primera acción de este tipo bajo la administración de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, lo que resalta la importancia que la política migratoria sigue teniendo en la agenda presidencial estadounidense.
El nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una fotografía de archivo. EFE/ Will Oliver
La razón detrás de la suspensión de visados
La suspensión de visados a Sudán del Sur ha sido presentada como una respuesta a la falta de cooperación de las autoridades de Yuba en el proceso de repatriación de migrantes que fueron deportados desde EE.UU. Según la administración Trump, Sudán del Sur ha mostrado una resistencia sistemática a aceptar a sus ciudadanos expulsados, lo que ha generado tensiones diplomáticas.
Los Estados Unidos han argumentado que la negativa a aceptar a los deportados no solo pone en peligro la seguridad y el orden dentro de sus fronteras, sino que también demuestra una falta de respeto hacia las leyes migratorias estadounidenses. «Hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación es de vital importancia para la seguridad nacional y pública de los Estados Unidos», enfatizó el Departamento de Estado en su comunicado.
Esta política ha sido vista por algunos como una forma de presión para que Sudán del Sur colabore en el proceso de deportación. Sin embargo, también ha sido interpretada por muchos como una medida punitiva que podría agravar las ya tensas relaciones entre ambos países.
Iamgen de archivo de una protesta frente al Palacio Presidencial en Jartum. EFE/EPA/STR
La crisis política en Sudán del Sur
Para entender mejor el contexto en el que se ha desarrollado esta suspensión de visados, es esencial considerar la situación política interna de Sudán del Sur. Este país, el más joven del mundo, ha estado lidiando con graves problemas de gobernabilidad y estabilidad desde su independencia en 2011.
A pesar de la firma de un acuerdo de paz revitalizado en 2018, que buscaba poner fin a la guerra civil, Sudán del Sur sigue sumido en una crisis política profunda. En los últimos meses, las tensiones entre el gobierno de transición de Salva Kiir y la oposición liderada por Riek Machar han resurgido con fuerza. El 4 de marzo de 2025, las fuerzas opositoras tomaron una base militar en Nasir, lo que dio inicio a una nueva ola de violencia en el país. La situación empeoró cuando el gobierno movilizó tropas hacia la residencia de Machar, una maniobra que muchos interpretan como un intento de Kiir por consolidar aún más su poder y marginar a su principal rival político.
La comunidad internacional, incluida la ONU, ha expresado su preocupación por la posibilidad de que Sudán del Sur reanude su guerra civil, un conflicto que entre 2013 y 2018 resultó en la muerte de aproximadamente 400.000 personas. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, la situación sigue siendo extremadamente volátil, y la falta de acuerdo entre las partes ha puesto en peligro cualquier esperanza de estabilidad a largo plazo.
