El Tribunal Electoral de Ecuador sancionó a la vicepresidenta Verónica Abad con la suspensión durante dos años de sus derechos políticos (para votar y ser votada). La decisión se toma luego de un fallo en segunda instancia, que responde a una denuncia presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld en octubre, por el delito de violencia política de género, tras los cuestionamientos de Abad hacia una decisión gubernamental en la que se le asignaba una misión diplomática en Israel a finales de 2023.
La denuncia por violencia política de género
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió que la vicepresidenta Abad incurrió en violencia política de género al realizar comentarios y divulgar materiales que denigraban a las mujeres en el ejercicio de sus funciones. Según el TCE, estos actos incluyen la difusión de imágenes, audios y mensajes que reproducían estereotipos y afectaban la imagen y competencia de Sommerfeld como canciller. Esta sanción está basada en el Código de la Democracia, que clasifica estas conductas como «muy graves» en el contexto político ecuatoriano.
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El fallo de los jueces y el recurso de apelación
Durante la audiencia celebrada el 24 de marzo, los jueces del TCE ratificaron la sentencia inicial, rechazando el recurso de apelación presentado por la vicepresidenta Abad. Los magistrados argumentaron que Abad había incurrido en expresiones que afectaron la dignidad de la canciller Sommerfeld, lo que a su juicio constituyó una forma de violencia política de género. Aunque la defensa de Abad argumentó que sus comentarios eran parte de una crítica legítima, el TCE falló en su contra.
Fotografía de archivo de Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador. EFE/José Jácome
La reacción de Verónica Abad ante la sanción del Tribunal Electoral
Abad, a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), expresó su desacuerdo con la decisión. En un mensaje, sostuvo que la suspensión de sus derechos políticos no equivale a una destitución, añadiendo que dicha medida no puede utilizarse para remover a una vicepresidenta elegida por voto popular. En su defensa, señaló que la competencia para destituir a una autoridad electa es exclusiva de la Asamblea Nacional a través de un juicio político, no del Tribunal Contencioso Electoral.
Por otro lado, la vicepresidenta expresó que este fallo abre la puerta para que se puedan destituir a figuras electas de manera inconstitucional. Señaló que la suspensión de sus derechos políticos es una forma encubierta de socavar su mandato, sin tener la capacidad legal para destituirla directamente del cargo.
El impacto de la sentencia
Este caso ha generado gran controversia dentro del ámbito político ecuatoriano. La sanción a Verónica Abad se enmarca en una disputa de poder entre la vicepresidenta y el presidente Daniel Noboa, quienes han mantenido una relación tensa desde el inicio del mandato de Noboa en noviembre de 2023. Abad ha sostenido que está siendo objeto de una persecución política, mientras que el presidente ha acusado a la vicepresidenta de intentar desestabilizar su gobierno.
Este fallo también pone en evidencia las complejas dinámicas de la política ecuatoriana, en las que las sanciones por violencia política de género pueden ser utilizadas en un contexto de confrontación política. Además, el fallo destaca las tensiones dentro del Tribunal Contencioso Electoral, un órgano clave en el sistema electoral de Ecuador.
La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, en una fotografía de archivo. EFE/ Jose Jácome
Las implicaciones jurídicas de la sanción
El Tribunal Contencioso Electoral también ordenó que Verónica Abad pague una multa de US$ 14.100 y ofrezca disculpas públicas a la canciller Sommerfeld. Esta sanción es de obligatorio cumplimiento, pero Abad aún podrá presentar recursos de aclaración o ampliación de la sentencia. Sin embargo, ya no podrá apelar al mismo organismo.
Varios juristas sugieren que Abad podría recurrir a instancias legales superiores, como la Corte Constitucional de Ecuador, para revisar la constitucionalidad de la aplicación del Código de la Democracia en este caso. Además, en ocasiones anteriores, Abad ha manifestado su intención de llevar el caso ante organismos internacionales si considera que se han vulnerado sus derechos.
La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad (c), en una fotografía de archivo. EFE/ Jose Jácome
La controversia en torno al Código de la Democracia
El constitucionalista André Benavides ha expresado su preocupación por el fallo, advirtiendo que esta sentencia podría sentar un precedente peligroso en el sistema político de Ecuador. Según Benavides, este tipo de decisiones podría permitir que el TCE, de manera discrecional, intervenga en la política interna del país, incluso en procesos que involucran a figuras de alto nivel como presidentes y vicepresidentes.
La sentencia también ha levantado el debate sobre la necesidad de una reforma al Código de la Democracia, ya que algunos sectores consideran que este código se está utilizando de manera errónea para resolver disputas políticas. Las críticas señalan que la aplicación de este tipo de sanciones podría ser utilizada como una herramienta para debilitar a los opositores políticos del gobierno de turno.
¿Qué sigue para Verónica Abad?
A pesar de las sanciones impuestas por el TCE, la vicepresidenta de Ecuador sigue cumpliendo con sus funciones diplomáticas. En las últimas semanas, Abad viajó a Turquía para cumplir con otra misión asignada por el presidente Noboa. Sin embargo, el conflicto entre ambos parece lejos de resolverse, y la situación política de Abad podría verse afectada por este fallo en los próximos meses.
