Un error en un correo electrónico en 2022 desencadenó una operación secreta para reubicar a 4,500 afganos en el Reino Unido, generando 13.5 millones de interacciones en redes sociales. Por lo tanto, el programa ARAP, oculto bajo una superprohibición judicial, ha sido criticado por socavar la democracia, según el juez Martin Chamberlain. En consecuencia, el gobierno británico enfrenta demandas por exponer datos personales de 19,000 afganos. Sin embargo, el secretario de Defensa, John Healey, anunció el levantamiento de la orden, según la BBC.
Error de correo con graves consecuencias
En febrero de 2022, un funcionario del Ministerio de Defensa envió por error una hoja de cálculo con datos de 19,000 solicitantes del programa ARAP a un destinatario externo, según The Guardian. Por su parte, la filtración, descubierta 18 meses después en Facebook, exponía nombres, correos y direcciones, según Sky News. En consecuencia, el gobierno conservador obtuvo una superprohibición en 2023 para ocultar la filtración y proteger a los afganos de represalias talibanes, según The Times. Además, la orden prohibía reportar su propia existencia, limitando la rendición de cuentas.
Operación secreta de reubicación
El programa ARAP reubicó a 4,500 afganos, incluyendo 900 solicitantes y 3,600 familiares, con un costo de 1,100 millones de dólares, según el Ministerio de Defensa. Por lo tanto, se espera que 6,900 personas sean reasentadas antes del cierre del programa en 2025, según Reuters. En consecuencia, el gobierno priorizó a aquellos en mayor riesgo tras la retirada de Kabul en 2021, según AP News. Sin embargo, muchos afganos, como traductores y soldados, desconocían la filtración de sus datos, según The Independent.
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Batalla legal y superprohibición
Organizaciones de noticias desafiaron la superprohibición en tribunales, logrando que el juez Chamberlain la levantara en mayo de 2024, aunque el gobierno apeló, según The Telegraph. Por su parte, el exsecretario de Defensa Ben Wallace defendió la orden como necesaria para ganar tiempo, según The Financial Times. En consecuencia, el gobierno laborista de Keir Starmer retiró su apoyo a la superprohibición tras una revisión en enero de 2025, según The Observer. Además, Healey admitió en el Parlamento que estas medidas dañaron la transparencia democrática, según la BBC.
Demandas y críticas públicas
Cientos de afganos, representados por Barings Law, planean una demanda colectiva contra el gobierno británico por negligencia en la protección de datos, según The Daily Mail. Por su parte, Adnan Malik, jefe de privacidad de datos, señaló que la falta de notificación aumentó el riesgo de represalias talibanes, según Sky News. En consecuencia, Nigel Farage, líder de Reform UK, exigió auditorías sobre los reasentados, según The Express. Además, el 60% de los británicos desaprueba el manejo del programa, según una encuesta de YouGov.
Impacto en la democracia británica
La superprohibición, usada por primera vez por el gobierno, generó críticas de legisladores y defensores de la libertad de prensa, según The Guardian. Por lo tanto, el juez Chamberlain advirtió que bloqueó los “mecanismos ordinarios de rendición de cuentas”, según Reuters. En consecuencia, Healey prometió una investigación completa para evitar futuros encubrimientos, según The Times. Sin embargo, 36,000 afganos reasentados desde 2021 enfrentan incertidumbre, con 1,200 aún en riesgo en Afganistán, según Amnistía Internacional, lo que intensifica la presión sobre el gobierno de Starmer.