El gobierno de Perú ha propuesto al Congreso reinstaurar el servicio militar y policial obligatorio, una medida suspendida desde 1999. La presidenta Dina Boluarte anunció esta iniciativa como parte de una estrategia para enfrentar el aumento de la criminalidad y fortalecer las fuerzas de seguridad del país.
La propuesta incluye la incorporación a la Policía Nacional del personal que haya cumplido con el servicio militar obligatorio. Además, se prevén medidas para regularizar la situación de los extranjeros indocumentados, con la posibilidad de expulsión en caso de incumplimiento.
Aumento de la criminalidad en Perú
Perú enfrenta un preocupante incremento en la criminalidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2023, el 26.7% de la población urbana fue víctima de algún delito. Organizaciones criminales, muchas con nexos internacionales, han fortalecido su presencia en el país.
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El Tren de Aragua, una de las bandas delictivas más peligrosas de América Latina, ha sido identificado operando en varias regiones peruanas, involucrado en delitos como extorsión, secuestro y tráfico de personas. En respuesta, el gobierno ha declarado el estado de emergencia en Lima y Callao, autorizando la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional.
fotografía de archivo de miembros de la Policía Nacional del Perú en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
El retorno del servicio militar obligatorio en Perú
El servicio militar obligatorio en Perú fue suspendido en 1999 y reemplazado por un sistema voluntario. Sin embargo, la baja tasa de reclutamiento y el aumento de la inseguridad han llevado al gobierno a reconsiderar su reinstauración.
La propuesta busca fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas del orden y mejorar la formación de nuevos efectivos. Según el ministro del Interior, Víctor Torres, quienes cumplan con el servicio militar podrían ser incorporados a la Policía Nacional, aumentando su número de efectivos en un momento en que la institución enfrenta una creciente demanda de seguridad.
En países como Ecuador y Venezuela, el servicio militar sigue siendo obligatorio, mientras que en Argentina y Chile se mantiene un sistema mixto que prioriza la voluntariedad pero permite la conscripción en caso de necesidad.
Control migratorio y expulsión de extranjeros irregulares
Otro punto clave de la estrategia del gobierno es la regulación migratoria. Se estima que en Perú residen más de 1.5 millones de ciudadanos venezolanos, de los cuales aproximadamente 300,000 estarían en situación irregular.
Las autoridades han señalado que se implementarán medidas para regularizar a quienes cumplan con los requisitos, pero aquellos que no lo hagan serán sujetos a procesos de expulsión. En 2023, el gobierno inició operativos para deportar a ciudadanos extranjeros vinculados con delitos graves.
El ministro de Defensa, Jorge Chávez, aseguró que estas acciones no buscan criminalizar la migración, sino garantizar la seguridad y el orden público.
Fotografía de archivo que muestra integrantes de las Fuerzas Armadas en Lima, Perú. EFE/Paolo Aguilar
Fortalecimiento de la Policía Nacional y el sistema penitenciario
El gobierno también ha propuesto declarar en emergencia a la Policía Nacional para reducir la brecha logística y mejorar la inteligencia policial en la lucha contra el crimen organizado.
Por otro lado, el sistema penitenciario enfrenta una crisis de hacinamiento, con más de 97,000 internos en cárceles diseñadas para albergar a 40,000 personas. Para abordar este problema, se ha anunciado una inversión en infraestructura penitenciaria mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, permitiendo la construcción de nuevos centros de detención.
«Mano firme» contra el crimen
Durante la presentación de estas medidas, la presidenta Boluarte enfatizó la determinación del gobierno para enfrentar a las bandas criminales. «Aplicaremos mano firme para perseguir a cada delincuente y desarticular cada organización criminal», afirmó.
Además, el Ejecutivo implementará el «Cuarto de Guerra de Seguridad Ciudadana», un centro de comando para monitorear la efectividad de las medidas adoptadas.
Medidas en evaluación: ¿Pena de muerte para delitos graves?
Uno de los temas que surgió durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) fue la posibilidad de restablecer la pena de muerte para delitos como la violación de menores. Sin embargo, no se llegó a un consenso sobre su implementación, ya que Perú es signatario de tratados internacionales que prohíben esta práctica.