La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha emitido una contundente denuncia contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusándolo de consolidar un régimen autoritario mediante reformas constitucionales que socavan la democracia y los derechos humanos en el país centroamericano.
En noviembre de 2024, la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el partido sandinista, aprobó una reforma constitucional que extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y establece la figura de «copresidentes», designando a la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, como copresidenta. Esta reforma también otorga al Ejecutivo control sobre el Legislativo, el Judicial y otros órganos autónomos, además de aumentar la supervisión estatal sobre los medios de comunicación.
La OEA ha calificado esta reforma como un intento de Ortega y Murillo de «incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder», señalando que constituye una «agresión definitiva al Estado de Derecho Democrático».
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Además de las reformas políticas, la OEA y otras organizaciones internacionales han denunciado violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua desde 2018. Estas incluyen detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y represión violenta de protestas. Un informe de la ONU publicado en abril de 2025 identificó a 54 funcionarios del régimen implicados en crímenes de lesa humanidad, señalando que estas acciones forman parte de una estrategia estatal coordinada desde la cúpula del poder.
La OEA ha condenado estas prácticas, instando al gobierno nicaragüense a cesar la represión y liberar a los presos políticos. En 2022, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución condenando el cierre arbitrario de organizaciones no gubernamentales y restricciones a instituciones religiosas por parte del gobierno de Ortega.
Retiro de Nicaragua de la OEA
En respuesta a las críticas internacionales, el gobierno de Ortega anunció en noviembre de 2021 su intención de retirarse de la OEA, proceso que se oficializó en noviembre de 2023. A pesar de su salida, la OEA ha enfatizado que Nicaragua sigue obligada a respetar los derechos humanos conforme a las normas internacionales.
Reacciones internacionales y perspectivas
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación en Nicaragua. Estados Unidos ha acusado a Ortega de buscar consolidar su poder mediante reformas constitucionales y ha advertido sobre posibles sanciones adicionales.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil continúan denunciando las violaciones y exigiendo el restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales en Nicaragua.
¿Qué acciones evidencian el régimen autoritario de Daniel Ortega en Nicaragua?
El gobierno de Daniel Ortega ha implementado una serie de medidas que consolidan un régimen autoritario en Nicaragua. Estas acciones han sido ampliamente documentadas por organizaciones internacionales y medios de comunicación.
Concentración del poder y reformas constitucionales
En noviembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó reformas constitucionales que establecen la figura de «copresidentes», permitiendo a Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, gobernar conjuntamente. Además, se extendió el mandato presidencial de cinco a seis años y se otorgó al Ejecutivo control sobre los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, eliminando de facto la independencia de los poderes del Estado.
Represión de la oposición y sociedad civil
Desde 2018, el régimen ha intensificado la represión contra opositores, periodistas y organizaciones no gubernamentales.Se han cancelado las personerías jurídicas de más de 700 ONG y universidades, incluyendo la Asociación Misioneras de la Caridad y la Academia Nicaragüense de la Lengua . Además, se han registrado detenciones arbitrarias y expulsiones de líderes opositores, como en el caso de las elecciones de 2021, donde varios candidatos fueron arrestados o forzados al exilio.
Control de los medios de comunicación y censura
El gobierno ha impuesto restricciones severas a la libertad de prensa. En 2025, Nicaragua anunció su retiro de la UNESCO tras la concesión del Premio Mundial de Libertad de Prensa al diario La Prensa, que opera en el exilio debido a la persecución gubernamental . Además, se han implementado reformas que permiten al Estado supervisar y censurar medios de comunicación, bajo el pretexto de evitar la difusión de «noticias falsas».
Persecución religiosa y pérdida de nacionalidad
El régimen ha dirigido su represión también hacia instituciones religiosas. En 2021, el obispo Rolando Álvarez fue encarcelado, y en 2024, 135 presos políticos fueron desterrados y despojados de su nacionalidad, bajo acusaciones de «traición a la patria».
Aislamiento internacional
Las acciones autoritarias de Ortega han llevado al aislamiento de Nicaragua en la comunidad internacional. En 2023, el país oficializó su retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras críticas a la falta de transparencia en las elecciones.
Estas acciones reflejan una consolidación del poder por parte de Ortega y Murillo, caracterizada por la eliminación de contrapesos institucionales, la represión de la disidencia y el control absoluto sobre la vida política y social del país.
