El expresidente panameño Ricardo Martinelli abandonó la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, donde permaneció refugiado durante más de un año, y se trasladó a Colombia tras recibir asilo político del gobierno de Gustavo Petro.
Muchas gracias al Hermano Pueblo Nicaragüense y muy en especial al Presidente Daniel Ortega y la Co Presidente Rosario Murillo. Estuve 16 meses asilado en su embajada donde gracias a ellos, pude salvar mi vida. Les estaré eternamente agradecido.
— Ricardo Martinelli (@rmartinelli) May 11, 2025
Esta decisión marca un giro inesperado en la prolongada saga judicial y diplomática que ha involucrado a tres países y ha generado tensiones en la región.
Martinelli, de 73 años, se refugió en la embajada de Nicaragua en febrero de 2024, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá confirmara su condena a 10 años y 6 meses de prisión por lavado de dinero en el caso conocido como «New Business». El exmandatario alegó ser víctima de persecución política y solicitó asilo al gobierno de Daniel Ortega, que le fue concedido. Sin embargo, el gobierno panameño se negó a otorgar el salvoconducto necesario para su traslado a Nicaragua, lo que obligó a Martinelli a permanecer en la sede diplomática durante más de un año.
En un movimiento sorpresivo, el gobierno colombiano anunció que concedía asilo político a Martinelli, argumentando su tradición humanitaria de proteger a personas perseguidas por razones políticas. La cancillería panameña confirmó que otorgó un salvoconducto para que el exmandatario pudiera salir del país y dirigirse a Colombia por vía aérea.
El avión que transportaba a Martinelli aterrizó en suelo colombiano ese mismo día, según informaron medios panameños.
Reacciones y consecuencias
La decisión de Colombia ha generado diversas reacciones en Panamá. Mientras algunos sectores consideran que el asilo otorgado a Martinelli es una afrenta a la justicia panameña, otros lo ven como una oportunidad para descomprimir la tensión diplomática con Nicaragua.
Martinelli, por su parte, ha mantenido su postura de que las acusaciones en su contra son parte de una persecución política destinada a impedir su participación en las elecciones presidenciales de 2024. Aunque fue inhabilitado para postularse debido a su condena, su apoyo fue crucial para la victoria de su excompañero de fórmula, José Raúl Mulino, quien asumió la presidencia en julio de 2024.
El caso de Martinelli pone de relieve las complejidades del asilo político en América Latina y las tensiones que pueden surgir entre países con diferentes posturas sobre la justicia y los derechos humanos. La decisión de Colombia de conceder asilo al exmandatario panameño podría influir en futuras solicitudes de asilo en la región y plantea interrogantes sobre la cooperación judicial entre países vecinos.
Además, la situación resalta la necesidad de mecanismos regionales más efectivos para abordar casos de asilo político y garantizar que las decisiones se tomen con base en principios de justicia y respeto a los derechos humanos.
¿De qué trata el caso «New Business» en el que está involucrado el expresidente Ricardo Martinelli?
El caso «New Business» es una de las investigaciones de corrupción más significativas en la historia reciente de Panamá, centrada en la compra de la Editora Panamá América S.A. (Epasa) en diciembre de 2010. Según las autoridades judiciales panameñas, se utilizaron fondos públicos desviados a través de una compleja red de sociedades y cuentas bancarias para adquirir este grupo editorial, que publica medios como Panamá América y La Crítica.
La investigación reveló que aproximadamente $43.9 millones fueron recolectados mediante aportes de contratistas del Estado y transferidos a la cuenta de la sociedad New Business Services Limited, utilizada como «cuenta canasta» para canalizar los fondos. Estos recursos, presuntamente originados de actividades ilícitas relacionadas con delitos contra la administración pública, fueron empleados para adquirir las acciones de Epasa. Se determinó que el expresidente Ricardo Martinelli era el beneficiario final del 60% de las acciones de la editorial, mientras que el 40% restante estaba en manos de socios cercanos.
El 18 de julio de 2023, la jueza Baloisa Marquínez condenó a Martinelli a 128 meses de prisión (10 años y 8 meses) y le impuso una multa de $19.2 millones como pena accesoria. Además, se ordenó el decomiso de todas las acciones de Epasa a favor del Estado panameño. La sentencia también incluyó la condena de otras cuatro personas por su participación en el esquema de blanqueo de capitales.
El caso «New Business» ha tenido un impacto significativo en la política panameña, destacando la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. La condena de un expresidente por delitos de corrupción marca un precedente en la lucha contra la impunidad en el país.