En un fallo que ha generado amplio debate en Bolivia, el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ha rechazado la solicitud de liberación de la jueza Lilian Moreno Cuéllar, quien permanece detenida preventivamente desde el lunes pasado. Moreno es investigada por presunto prevaricato tras haber anulado una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales en un caso de trata de personas y estupro.
La Sala Penal del tribunal consideró que existen «indicios suficientes» de que la jueza habría actuado de manera irregular al emitir su fallo. El Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura han respaldado la medida, señalando que la actuación de Moreno podría haber favorecido indebidamente a Morales, quien enfrenta varias denuncias por presuntos delitos sexuales.
El caso ha reavivado tensiones políticas en el país, especialmente dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), partido al que pertenecen tanto Morales como el actual presidente Luis Arce. La detención de Moreno ha sido interpretada por algunos sectores como una muestra de la lucha contra la corrupción en el sistema judicial, mientras que otros la ven como una persecución política.
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En octubre de 2024, la jueza Moreno anuló una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Tarija contra Evo Morales, quien era investigado por presuntamente mantener una relación con una menor de edad en 2015. La decisión de Moreno fue cuestionada por diversas autoridades, incluyendo al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien calificó el fallo como «repudiable» y «despreciable».
Posteriormente, se reveló que Moreno había trabajado en el gobierno de Morales, ocupando cargos en el Servicio de Impuestos Nacionales y en la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) entre 2012 y 2019. Esta información aumentó las sospechas sobre su imparcialidad en el caso.
La detención de la jueza Moreno ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial. El Ministerio de Justicia ha solicitado al Tribunal Constitucional Plurinacional la revocatoria de la decisión de Moreno y ha trasladado el caso a Villa Tunari, Cochabamba, donde reside Morales.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha conformado una comisión de fiscales para continuar con las investigaciones. El fiscal general, Juan Lanchipa, ha negado haber dado instrucciones para frenar la investigación, en respuesta a las declaraciones de la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien aseguró haber sido destituida por su labor en este caso.
La situación se desarrolla en un contexto de creciente tensión política en Bolivia. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha ratificado que Evo Morales no puede postularse nuevamente como candidato presidencial, además de ampliar la prohibición para impedirle ser vicepresidente o presidente de las Cámaras legislativas . Esta decisión ha sido interpretada por algunos como un intento de limitar la influencia política de Morales.
Mientras tanto, el país enfrenta una crisis económica agravada por la escasez de combustibles y conflictos internos dentro del MAS. El presidente Arce ha tenido que enfrentar protestas y bloqueos de carreteras por parte de seguidores de Morales, quienes exigen su habilitación como candidato y el cese de las investigaciones en su contra.
La decisión de mantener en prisión preventiva a la jueza Lilian Moreno refleja las complejidades del sistema judicial boliviano y su interacción con el ámbito político. Mientras las investigaciones continúan, el caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la independencia judicial y garantizar procesos transparentes y justos para todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación política.
Evo Morales: su postura ante la detención de la jueza Lilian Moreno Cuéllar
En el convulso panorama político boliviano de 2025, el expresidente Evo Morales ha mantenido una postura firme respecto a la detención de la jueza Lilian Moreno Cuéllar, quien anuló una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de estupro y trata de personas. Morales ha denunciado que tanto las acusaciones en su contra como la detención de Moreno forman parte de una estrategia de «lawfare» impulsada por el gobierno del presidente Luis Arce para eliminarlo del escenario político.