El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este martes que tiene el poder para facilitar el regreso de Kilmar Armando Ábrego García, un hombre deportado por error a El Salvador el mes pasado, pero ha decidido no actuar. La afirmación contradice la postura oficial de su administración, que asegura no tener autoridad para intervenir directamente en el caso, a pesar de un fallo de la Corte Suprema que ordena facilitar el retorno del migrante.
En una entrevista emitida por ABC News, Trump fue directo: “Podría recuperarlo. Hay un teléfono en este escritorio”. El periodista Terry Moran le respondió que con una llamada podría solicitar al presidente de El Salvador la devolución de Ábrego García. Trump contestó: “Podría… pero él no lo haría”, y aseguró que sus abogados tampoco apoyan que intervenga.
Quién es Kilmar Armando Ábrego García y por qué fue deportado
Kilmar Armando Ábrego García es un salvadoreño que llegó a Estados Unidos alrededor de 2011 y vivía en Maryland junto a su esposa y sus tres hijos. En 2019, un juez de inmigración dictó que no debía ser deportado a El Salvador debido a amenazas creíbles de muerte por parte de una pandilla que extorsionaba a su familia por el negocio de pupusas que administraban en su país natal.
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A pesar de esa orden judicial, el 12 de marzo de 2025, Ábrego García fue arrestado y deportado. Funcionarios estadounidenses justificaron la medida afirmando que una fuente confiable lo identificó como miembro de la MS-13, una organización criminal que la administración Trump ha clasificado como grupo terrorista extranjero.
Sin embargo, ni su esposa ni los registros judiciales corroboran esa acusación. De hecho, un juez federal se ha mostrado escéptico ante la supuesta evidencia presentada por las autoridades. Los tatuajes de Ábrego, que incluyen calaveras en las manos, han sido citados como prueba, pero expertos en pandillas advierten que estos elementos no son concluyentes ni únicos de organizaciones criminales.
La decisión de la Corte Suprema y la postura de El Salvador
El mes pasado, la Corte Suprema falló a favor de Ábrego García, estableciendo que su deportación fue una violación del debido proceso y ordenando a la administración Trump “facilitar su regreso” a territorio estadounidense. Sin embargo, la Casa Blanca sostiene que no puede obligar a El Salvador a liberarlo, ya que actualmente se encuentra bajo custodia del gobierno salvadoreño.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, fue clara: “Eso depende de El Salvador. No nos corresponde a nosotros”. Por su parte, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, en una reunión con Trump, declaró que su gobierno no está dispuesto a liberar a “terroristas” y que mantendrá a Ábrego García en prisión.
El gobierno de El Salvador ha evitado emitir detalles sobre los cargos específicos que enfrenta Ábrego García, lo que ha levantado nuevas dudas sobre la legalidad de su detención.
Reacciones y tensiones políticas por el caso Ábrego García
La negativa del presidente Trump a facilitar el regreso de Kilmar Armando Ábrego García ha provocado indignación entre organizaciones de derechos humanos, líderes migrantes y legisladores, quienes ven el caso como un ejemplo alarmante de desobediencia institucional.
Jennifer Vásquez Sura, esposa de Ábrego García, denunció en una conferencia de prensa en Maryland que su familia ha sido desplazada por miedo y actualmente vive en una ubicación no revelada por seguridad. “Lo deportaron por error, y ahora lo usan como símbolo político”, afirmó entre lágrimas.
La jueza federal Paula Xinis, que lleva el caso en una corte de Maryland, acusó a la administración de actuar “sin buena fe” y de negarse intencionalmente a presentar documentos esenciales para el caso. También ha exigido actualizaciones diarias sobre cualquier acción concreta para cumplir con el fallo de la Corte Suprema.
El caso de Ábrego García ha reavivado el debate sobre la deportación y el trato a los migrantes bajo políticas estrictas, incluso cuando existen órdenes judiciales en su favor. En medio del contexto electoral y con una administración centrada en el discurso de mano dura, la situación pone en evidencia los límites del poder judicial frente al ejecutivo.
