El gobierno de Donald Trump ha dado un giro en una batalla legal crucial contra varios estados de EE. UU. relacionada con las medidas adoptadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que pusieron en riesgo el estatus migratorio de miles de estudiantes internacionales. Este cambio, confirmado en audiencias judiciales recientes, ha llevado a la reactivación de registros migratorios previamente cancelados, mientras se establece una nueva política para gestionar el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS).
El caso de los estudiantes internacionales y la revocación de visas
A principios de este mes, el gobierno de Trump implementó un proceso de revocación masiva de visas para estudiantes internacionales, lo que puso en peligro sus registros migratorios y su estatus legal en los Estados Unidos. Esta medida afectó especialmente a aquellos involucrados en actividades de protesta política, incluidos estudiantes que participaron en protestas contra la guerra entre Israel y Hamas. Sin embargo, las revocaciones no se limitaron a estos casos, ya que también incluyeron infracciones legales menores, como infracciones de tránsito o incluso cargos no confirmados.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizó el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS) para realizar un seguimiento de los estudiantes internacionales y gestionar su estatus migratorio. Sin embargo, esta base de datos, administrada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se convirtió en un punto de controversia cuando se comenzaron a cancelar los registros de miles de estudiantes sin una justificación clara. Según los abogados, esto resultó en la revocación de visas y la amenaza de deportación para muchos de los afectados.
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ICE y la revocación del estatus SEVIS: ¿qué sucedió?
La revocación de registros SEVIS por parte del ICE generó un clima de incertidumbre y temor entre la comunidad estudiantil internacional. Los estudiantes cuyos registros fueron modificados vieron cómo su estatus migratorio quedaba en peligro, afectando su capacidad para trabajar y estudiar en los Estados Unidos. Muchos de estos estudiantes no habían sido acusados de delitos graves ni tenían antecedentes penales, lo que hizo aún más cuestionable la legalidad de las acciones de ICE.
En respuesta a la creciente presión y a los litigios presentados por estudiantes afectados, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que ICE había suspendido la práctica de revocar estatus migratorios basándose únicamente en información del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC). Este cambio se produjo en un esfuerzo por restablecer el orden y calmar los temores de los estudiantes internacionales.
El impacto de la cancelación de visas en los estudiantes internacionales
La cancelación de visas y la eliminación de registros SEVIS afectaron gravemente a muchos estudiantes internacionales, especialmente a aquellos que dependían de sus visas para continuar con sus estudios y mantener su empleo en el campus. La mayoría de los estudiantes afectados por estas cancelaciones no fueron detenidos ni deportados, pero el impacto psicológico y académico fue significativo. Algunos estudiantes se vieron obligados a abandonar sus estudios debido a la incertidumbre sobre su estatus migratorio.
El sistema SEVIS, que rastrea la información migratoria de los estudiantes internacionales, es esencial para garantizar que los estudiantes mantengan su estatus legal en el país. Las universidades también dependen de este sistema para mantener actualizada la información de inscripción y empleo de los estudiantes. Sin embargo, las cancelaciones de registros, sin la debida explicación ni proceso legal claro, colocaron a muchos estudiantes en una situación difícil.
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¿Qué cambios está implementando el gobierno de Trump en el sistema SEVIS?
Ante las crecientes críticas y la presión judicial, el gobierno de Trump anunció que ICE está trabajando en el desarrollo de una nueva política para manejar la cancelación de registros SEVIS. Según la abogada del Departamento de Justicia, Elizabeth D. Kurlan, se implementará un «marco de políticas» que proporcionará una base legal más clara para las decisiones de cancelación de registros. Este marco asegura que las cancelaciones no se basen exclusivamente en los antecedentes penales de los estudiantes, sino que se realicen siguiendo un procedimiento más detallado y transparente.
Aunque esta nueva política es un paso hacia la rectificación, muchos abogados y defensores de los derechos de los inmigrantes aún cuestionan la efectividad de la medida y si será suficiente para restaurar la confianza de los estudiantes internacionales en el sistema.
