Heidy Sánchez, una madre cubana, observa con tristeza una foto de su hija de 17 meses desde una casa en La Habana tras ser deportada hace dos semanas desde Estados Unidos. La niña, que permanece en Tampa, Florida, mira por la ventana esperando el regreso de su madre, sin saber que esta fue separada de ella en una oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a mediados de abril.
Sánchez fue detenida durante una cita migratoria rutinaria, esposada y trasladada a una celda, donde exclamó al agente: “¿Qué necesidad tienes de esposarme? Si ya me estás quitando mi vida, ya me estás matando, me estás separando de lo que más yo quiero en el mundo”. Dos días después, fue deportada a Cuba en un vuelo chárter, dejando atrás a su hija, quien sufre ataques epilépticos y aún depende de ella.
Durante las 48 horas previas a su deportación, Sánchez fue trasladada entre centros de detención, viajando cientos de kilómetros en autobús con las manos atadas. En Miami, se le permitió cambiarse de ropa solo para ponerse un uniforme gris antes de abordar el avión. Su único contacto con su esposo, Carlos Valle, ciudadano estadounidense, fue un breve momento en el que un agente de ICE mostró compasión.
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“¿Te dieron a la niña?”, preguntó Valle, asumiendo el cuidado de la menor, quien muestra signos de angustia y convulsiones desde la separación. Sánchez, que entró a EE.UU. en 2019 bajo el programa Quédate en México, había vendido su casa en Cuba para costear el viaje, pero una cita no atendida en la frontera por motivos de seguridad derivó en una orden de deportación.
Heidy Sánchez: un caso de separación familiar
El caso de Sánchez ha puesto en el foco las políticas migratorias actuales, especialmente tras la detención que ocurrió cuando asistió a una cita adelantada por ICE en Tampa. La madre, quien no tiene antecedentes penales, había ajustado sus citas anuales a mensuales bajo supervisión migratoria, pero el cambio repentino la llevó a ser deportada sin opción de llevar a su hija.
Su abogada, Claudia Cañizares, denuncia irregularidades, afirmando que Sánchez no recibió la posibilidad de ser deportada con la menor, como estipulan los procedimientos. Cañizares también critica que las autoridades afirmaron erróneamente que Sánchez ya había sido deportada mientras aún estaba en territorio estadounidense, complicando los esfuerzos legales para detener el proceso.
El Departamento de Seguridad Nacional, a través de su portavoz Tricia McLaughlin, sostiene que Sánchez solicitó ser enviada a Cuba sin su hija, dejándola al cuidado de un pariente en EE.UU., y asegura que se toman en serio la protección de los niños. Sin embargo, Sánchez y su familia rechazan esta versión, insistiendo en que no se le ofreció esa opción. La madre, que intentó regularizar su estatus a través de su esposo, enfrenta ahora una lucha emocional y legal desde Cuba, donde el estrés la llevó a una crisis nerviosa esta semana.
La batalla por la reunificación
Desde La Habana, Sánchez lucha contra los cortes de luz y la mala conectividad para contactar a su hija, quien repite “Mamá, ven” durante las videollamadas. La pequeña, ciudadana estadounidense, depende de su padre, quien ha reducido su tiempo de trabajo para cuidarla, afectando su economía familiar. Cañizares y la familia exploran vías legales, incluyendo perdones migratorios, para lograr el regreso de Sánchez, aunque el proceso podría extenderse por años. La comunidad cubanoamericana ha mostrado apoyo, recolectando firmas y pidiendo una solución humanitaria, mientras Sánchez clama: “No es cuestión de política, mi niña me necesita y yo también la necesito a ella”. Este caso resalta las dificultades migratorias que enfrentan muchas familias en EE.UU.
