Republicanos tropiezan con plan para exigir ciudadanía al votar
El presidente Donald Trump ha impulsado en 2025 una de sus prioridades más controversiales en materia electoral: exigir que los ciudadanos estadounidenses presenten una prueba documental de ciudadanía para poder registrarse y votar en elecciones federales. Sin embargo, el avance de esta iniciativa se ha visto obstaculizado en múltiples frentes. Una orden ejecutiva presidencial fue rápidamente bloqueada por un juez federal, mientras que el Congreso no ha logrado reunir los votos necesarios para aprobar la legislación correspondiente.
El esfuerzo tampoco ha tenido éxito a nivel estatal. En Texas, un ambicioso proyecto de ley que exigía verificación de ciudadanía no solo para nuevos registros, sino para todos los votantes actuales —más de 18 millones— se estancó antes de llegar a la Cámara de Representantes. La propuesta, considerada una de las más radicales del país en esta materia, fue duramente criticada por grupos de derechos civiles.
“Los autores del proyecto fracasaron espectacularmente al no explicar cómo se implementaría sin afectar a millones de votantes legítimos”, declaró Anthony Gutiérrez, director de Common Cause Texas.
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Voto de no ciudadanos, un fenómeno raro
Pese a que el voto de personas no ciudadanas ya es ilegal y puede ser castigado con deportación, Trump y su círculo han insistido en que exigir documentación reforzaría la confianza pública en el sistema electoral.
Sin embargo, diversos estudios estatales indican que los casos reales de votación ilegal por no ciudadanos son extremadamente raros y, en muchos casos, atribuibles a errores administrativos. Aun así, el mandatario ha defendido esta medida con el argumento de prevenir fraudes que “podrían alterar resultados”.
Las organizaciones de derechos electorales, en cambio, alertan sobre el impacto desproporcionado que tendría esta exigencia en ciudadanos legítimos que carecen de documentación específica, como actas de nacimiento o pasaportes. Entre los grupos más afectados están las mujeres que cambiaron su apellido al casarse, ya que el nombre en sus documentos puede no coincidir.
Fracaso en bastiones republicanos
La cantidad de estados que han considerado proyectos de ley sobre verificación de ciudadanía se ha triplicado en el último año, según el Voting Rights Lab. Sin embargo, la mayoría no ha logrado convertirse en ley. Wyoming es la excepción, pero en estados republicanos como Florida, Misuri, Utah y el propio Texas, las propuestas se han estancado o han sido desechadas.
En Ohio, una medida similar aún está en debate, pero el gobernador Mike DeWine ha expresado públicamente que no está dispuesto a firmar leyes que dificulten el acceso al voto. En Texas, pese al apoyo del Senado estatal, el proyecto no llegó ni siquiera a votarse en la Cámara baja.
“El plan era defectuoso desde su origen”, dijo el representante demócrata John Bucy, quien subrayó las preocupaciones específicas sobre las barreras adicionales que enfrentan las mujeres casadas con cambios de apellido.
Confusión y demandas en estados que lo intentaron
Las complicaciones legales han sido evidentes en los pocos estados que intentaron aplicar esta medida. En Kansas, una ley de prueba de ciudadanía vigente entre 2013 y 2016 fue revocada tras demostrarse que más de 30,000 votantes fueron excluidos del padrón por no presentar documentación, a pesar de ser ciudadanos estadounidenses.
Arizona, por su parte, enfrentó una auditoría estatal después de que fallos en la verificación de datos causaran que unos 200,000 votantes aparecieran como verificados sin haber entregado prueba de ciudadanía.
En Misuri, una propuesta avalada por el Comité del Senado tampoco prosperó. El senador Ben Brown, promotor del proyecto, culpó al calendario legislativo y a otras prioridades. Aseguró que planea reintroducir la medida en 2026, tras revisar inquietudes de autoridades electorales locales.
Otras prioridades eclipsan la propuesta
La Legislatura de Utah, también controlada por republicanos, optó por avanzar con otras reformas como el requerimiento de identificación para votar y la eliminación del voto por correo automático. En Florida, la propuesta para exigir prueba de ciudadanía quedó congelada, aunque su autora, la representante Jenna Persons-Mulicka, insistió en que su intención era dar cumplimiento directo a la orden ejecutiva de Trump.
“El proyecto responde al llamado del presidente”, afirmó Persons-Mulicka. Sin embargo, sin respaldo legislativo suficiente y ante la oposición de organizaciones civiles y sectores moderados del propio partido republicano, la medida estrella de Trump parece lejos de concretarse.