Suprema permite poner fin al ‘parole’ que protege a inmigrantes latinos

Gobierno de Trump avanza en su plan para eliminar residencia temporal

El Tribunal Supremo de Estados Unidos aprobó este viernes una medida clave para el Gobierno de Donald Trump: la anulación de los permisos de residencia temporal ‘parole’ otorgados a más de medio millón de migrantes por la administración anterior. El fallo representa un paso significativo en el endurecimiento de la política migratoria que el presidente prometió retomar tras su regreso a la Casa Blanca.

Luz verde para eliminar el “parole” humanitario

Con una votación de 7 a 2, la Corte Suprema aceptó la solicitud de emergencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para continuar con el plan de revocar los permisos de permanencia otorgados a migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Estas personas habían sido beneficiadas por el programa conocido como “parole humanitario”, que les permitía residir y trabajar temporalmente en el país.

La decisión deja sin efecto, por ahora, una orden previa de una jueza federal de Massachusetts que había bloqueado la iniciativa del Gobierno al considerar que su cancelación masiva violaba los derechos de los beneficiarios. El nuevo fallo habilita a la Casa Blanca a continuar con su objetivo de limitar este tipo de permisos, mientras continúan las apelaciones legales.

Críticas desde la Corte

Las magistradas progresistas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson votaron en contra de la decisión y criticaron duramente a la mayoría del tribunal. En su opinión disidente, Jackson señaló que el dictamen “no exige prácticamente nada al Gobierno en cuanto a daños irreparables” y “subestima las devastadoras consecuencias” para las familias afectadas.

La jueza advirtió que los migrantes enfrentan ahora “dos opciones insostenibles”: abandonar Estados Unidos y arriesgarse a la violencia y la inestabilidad en sus países de origen, o permanecer de manera irregular con el riesgo de ser deportados en cualquier momento. “El tribunal ha hecho una chapuza con su dictamen hoy”, escribió Jackson en una de las críticas más contundentes al fallo.

Impacto para más de medio millón de personas

El fallo afecta directamente a unas 532.000 personas de nacionalidades vulnerables, muchas de las cuales ingresaron al país por vías legales a través del programa especial implementado durante el gobierno de Joe Biden. La mayoría se estableció con permiso de trabajo, y algunos incluso forman parte del tejido económico y comunitario en distintas ciudades del país.

El programa de “parole” humanitario, extendido por Biden en enero de 2023, buscaba ofrecer una alternativa legal a migrantes provenientes de países con crisis políticas, económicas o sociales. Su implementación ayudó a reducir los cruces irregulares por la frontera sur y ofreció cierta estabilidad a las personas beneficiadas.

Segundo revés judicial para los migrantes

Este fallo marca el segundo revés judicial en menos de dos semanas para los migrantes que residen bajo algún tipo de protección temporal en EE.UU. A mediados de mayo, el Supremo también permitió al Gobierno Trump cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 350.000 venezolanos, una decisión que fue igualmente criticada por defensores de derechos humanos y organizaciones civiles.

Ambas decisiones se inscriben dentro de la nueva estrategia migratoria del presidente Trump, quien ha reiterado su compromiso de reforzar las fronteras, reducir la inmigración irregular y revisar todos los mecanismos de ingreso legal que, en su opinión, fueron “mal utilizados” por la administración Biden.

Un paso más en la política migratoria de Trump

Durante su campaña electoral de 2024, el presidente Trump prometió expulsar a “millones de inmigrantes ilegales” y restablecer el control fronterizo como una de sus prioridades. Con su retorno a la Casa Blanca, su administración ha emprendido una revisión profunda de las políticas de migración, incluyendo la eliminación progresiva de beneficios migratorios considerados “provisionales” o “discrecionales”.

El Departamento de Seguridad Nacional ha argumentado que el “parole” no fue concebido como una vía masiva de ingreso al país y que su aplicación debe ser estrictamente individual y temporal. Sin embargo, las organizaciones que defienden a los migrantes alertan que la eliminación de este tipo de medidas puede generar caos humanitario y aumentar la presión en la frontera.

Mientras continúan las batallas legales, cientos de miles de familias enfrentan la incertidumbre sobre su futuro en Estados Unidos. La decisión del Supremo, aunque no definitiva en el fondo del caso, marca una clara victoria legal y política para el Gobierno de Donald Trump en su intento por reformular la política migratoria del país.

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