La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció este viernes su colaboración con Estados Unidos en un nuevo programa de autodeportación para migrantes indocumentados, diseñado para agilizar el retorno voluntario a sus países de origen.
La iniciativa, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la administración de Donald Trump, ofrece a los migrantes la posibilidad de regresar por su cuenta con incentivos económicos y apoyo logístico, según un comunicado emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El programa, que comenzará a implementarse el próximo lunes 12 de mayo, busca reducir la presión en los centros de detención y alinear las políticas migratorias con las prioridades de seguridad nacional.
El plan incluye la entrega de boletos de avión y un incentivo de hasta 1,000 dólares para quienes acepten la autodeportación, según el DHS. Este programa se enmarca en la aplicación CBP Home, que permite a los migrantes coordinar su salida sin pasar por procesos judiciales prolongados.
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La ONU, a través de su red de migración, contribuirá con asesoramiento y monitoreo para garantizar que las condiciones sean humanitarias, aunque las autoridades estadounidenses han enfatizado que la participación es opcional y no exime a quienes rechacen la oferta de enfrentar deportaciones forzadas. Hasta ahora, se han identificado más de 50,000 migrantes elegibles, principalmente de Centroamérica, México y el Caribe, que podrían beneficiarse o verse afectados por esta medida.
Autodeportación: Un enfoque controvertido
La autodeportación de migrantes ha generado reacciones mixtas desde su anuncio. El DHS asegura que el programa respeta el estado de derecho y ofrece una salida digna, destacando que desde enero de 2025 se han deportado más de 200,000 personas bajo políticas similares. Sin embargo, la ONU ha expresado reservas, señalando que el éxito depende de la transparencia y el acceso a información clara para los migrantes. En una declaración, el ACNUR indicó que trabajará para evitar abusos y garantizar que los retornos no pongan en riesgo la seguridad de las personas, especialmente en países con conflictos activos como Venezuela o Haití.
Críticas han surgido también desde comunidades migrantes en EE.UU., donde algunos temen que la presión para aceptar la autodeportación sea excesiva, especialmente para aquellos con familias mixtas o sin recursos para reintegrarse en sus países de origen. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha solicitado detalles sobre el programa, exigiendo que se respeten los derechos humanos de sus ciudadanos. Por su parte, el DHS ha prometido reuniones bilaterales la próxima semana para aclarar el proceso, que podría extenderse a otros países de la región si resulta efectivo.
Impacto y desafíos logísticos
El programa de autodeportación de migrantes busca aliviar la sobrecarga en los centros de detención, que albergaban a más de 40,000 personas a principios de mayo, según datos del DHS. La colaboración con la ONU incluye el uso de recursos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para coordinar vuelos y apoyar la reintegración en los países de origen, con un enfoque inicial en Honduras, Guatemala y El Salvador. Sin embargo, expertos logísticos han advertido que la implementación podría enfrentar retrasos debido a la falta de acuerdos con algunos gobiernos, como Nicaragua, que ha rechazado aceptar retornos masivos.
La iniciativa también plantea desafíos económicos, ya que el DHS estima un costo inicial de 75 millones de dólares, financiados con fondos reasignados del presupuesto migratorio de 2025. Comunidades en EE.UU. han iniciado campañas para apoyar a los migrantes que opten por quedarse, mientras que en América Latina, organizaciones locales preparan albergues para quienes regresen. El ACNUR ha destacado que el programa podría servir como modelo global si se manejan bien los aspectos humanitarios, pero advierte sobre el riesgo de aumentar la vulnerabilidad de los retornados. Este desarrollo marca un cambio significativo en las políticas migratorias de EE.UU., con implicaciones que podrían redefinir la relación con la ONU.
