El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha iniciado la construcción de un nuevo centro de detención de ICE en Texas, con capacidad para 5,000 inmigrantes adultos. Ubicado en El Paso, cerca de la base militar de Fort Bliss, este proyecto marca un paso significativo en los esfuerzos de deportación masiva promovidos por la Casa Blanca. Con un contrato de 232 millones de dólares otorgado por el Departamento de Defensa, la instalación promete ser la más grande de su tipo en el país, pero ha generado preocupaciones entre defensores de los derechos de los inmigrantes por sus condiciones y propósito.
Detalles del nuevo centro de detención de ICE en Texas
El proyecto, anunciado el 21 de julio de 2025, será ejecutado por Acquisition Logistics, una empresa de Virginia que recibió 232 millones de dólares del Ejército para construir una “instalación de muros blandos”, término que suele referirse a campamentos de carpas. Según el Departamento de Defensa, el centro, ubicado en terrenos de Fort Bliss, estará diseñado exclusivamente para adultos, excluyendo a familias o menores no acompañados. Esta iniciativa se alinea con la reciente ley firmada por Trump, que destina 170,000 millones de dólares a medidas fronterizas, incluyendo 45,000 millones para detención de inmigrantes, a pesar de una disminución en los cruces fronterizos ilegales en 2024, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.
Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) verá un aumento de 76,500 millones de dólares en su presupuesto durante los próximos cinco años, casi diez veces su financiamiento actual. Este impulso financiero refleja el compromiso de Trump de deportar a millones de inmigrantes indocumentados, una promesa central de su administración. La construcción en El Paso sigue el modelo de otro centro reciente en Florida, apodado “Alcatraz Caimán”, levantado en una pista de aterrizaje rodeada de pantanos.
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Preocupaciones sobre el nuevo centro de detención de ICE en Texas
La elección de una instalación de carpas ha generado críticas de organizaciones como el Consejo Americano de Inmigración. Emma Winger, directora legal adjunta, advirtió que estas estructuras carecen de paredes sólidas, pisos adecuados y aislamiento, lo que podría incumplir los estándares federales de detención. Un informe de Human Rights Watch de julio de 2025 señaló condiciones preocupantes en otros centros de ICE, como hacinamiento y falta de privacidad, lo que alimenta el temor de que el nuevo centro en Fort Bliss enfrente problemas similares. Además, la dependencia de bases militares para detención migratoria, como Fort Bliss, Nueva Jersey e Indiana, ha sido cuestionada por defensores que argumentan que estas instalaciones no están diseñadas para garantizar los derechos de los detenidos.
Pese a todo, el ICE defiende sus operaciones, afirmando que los centros ofrecen camas, duchas, comidas diarias y acceso a servicios médicos y legales. Sin embargo, el aumento de vuelos de deportación desde El Paso, con 117 registrados entre enero y mayo de 2025 según el activista Tom Cartwright, sugiere que el nuevo centro será un eje clave para las deportaciones masivas. La instalación se suma a los 40,000 espacios de detención actuales del ICE, con planes de alcanzar las 100,000 camas para fin de año, según un informe reciente.
Contexto del nuevo centro de detención de ICE en Texas
La construcción en Fort Bliss no es el primer intento de usar la base para detención migratoria. En abril de 2025, un contrato de 3,800 millones de dólares para un campamento similar fue cancelado sin explicación clara. Durante el gobierno de Obama y el primer mandato de Trump, Fort Bliss albergó temporalmente a menores no acompañados y refugiados afganos, pero las leyes prohíben al personal militar operar estas instalaciones. La actual estrategia, liderada por la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, prioriza instalaciones en estados republicanos, según declaraciones recientes. Mientras la administración acelera sus planes de deportación, la comunidad de El Paso, donde el 80% de la población es de origen hispano según el censo de 2020, enfrenta un futuro incierto ante el impacto de estas políticas.