Las redadas silenciosas se han convertido en una nueva estrategia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para arrestar a migrantes indocumentados en Estados Unidos, generando temor en comunidades de todo el país. El Departamento de Seguridad Nacional reportó que, desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero, más de 158,000 inmigrantes han sido arrestados, incluyendo a 600 miembros de la banda venezolana Tren de Aragua.
A diferencia de las redadas tradicionales, estas operaciones no implican incursiones sorpresa, sino auditorías coordinadas con empleadores para identificar a trabajadores sin documentos, una práctica que ha impactado especialmente a sectores como la restauración y la construcción.
El método de las redadas silenciosas comienza cuando ICE envía una notificación formal a una empresa, solicitando una auditoría de sus empleados. Según expertos legales, el gobierno exige los formularios I-9, que verifican la elegibilidad laboral de los trabajadores, de los últimos tres años. Una vez entregados, las autoridades analizan los registros y determinan quiénes no cuentan con autorización legal para trabajar en el país.
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A los empleadores se les otorga un plazo para corregir irregularidades, pero si no se resuelve, los agentes de ICE llegan al lugar para detener a los migrantes identificados. Este enfoque ha causado una notable disminución de trabajadores en negocios locales, con muchos optando por abandonar sus empleos ante el miedo a ser deportados.
Redadas silenciosas: Impacto en los trabajadores
El impacto de las redadas silenciosas ha sido significativo en comunidades migrantes, especialmente en estados como California y Florida, donde ICE ha intensificado sus operaciones. En Los Ángeles, por ejemplo, restaurantes han reportado una caída en su fuerza laboral, con empleados que prefieren renunciar antes de enfrentarse a una posible deportación.
El Departamento de Seguridad Nacional ha señalado que estas auditorías son parte de una estrategia más amplia para cumplir con las metas de deportación de la administración Trump, quien ha prometido expulsar a un millón de personas por año. Sin embargo, las cifras actuales están lejos de ese objetivo, lo que ha llevado a ICE a colaborar más estrechamente con agencias locales y empleadores para acelerar el proceso.
En Florida, una operación reciente entre el 22 y el 26 de abril resultó en la detención de 780 inmigrantes, según datos del ICE. Estas acciones, que contaron con la participación de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida y el Departamento de Correcciones del estado, forman parte de los acuerdos 287(g), que permiten a las autoridades locales colaborar con ICE en la aplicación de leyes migratorias.
Este tipo de cooperación ha generado críticas entre organizaciones de derechos humanos, que argumentan que las redadas silenciosas erosionan la confianza de las comunidades migrantes hacia las instituciones locales, dificultando su integración y acceso a servicios básicos.
Respuesta y controversia
La implementación de las redadas silenciosas ha desatado un debate sobre los derechos de los migrantes y las tácticas de ICE. Mientras que el gobierno de Trump defiende estas operaciones como una medida para fortalecer la seguridad nacional, activistas señalan que afectan desproporcionadamente a trabajadores que contribuyen a la economía.
El Departamento de Seguridad Nacional también ha firmado acuerdos con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para compartir datos fiscales, lo que podría facilitar aún más la localización de indocumentados. Este acuerdo, firmado el 7 de abril de 2025 por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha generado protestas por su potencial impacto en la privacidad de los migrantes.
En estados santuario como California, las redadas silenciosas han enfrentado resistencia. El gobernador Gavin Newsom confirmó el 23 de abril que el estado cumplirá con las solicitudes de ICE solo en casos específicos, como la detención de un migrante condenado por homicidio vehicular, programada para julio de 2025. Sin embargo, en ciudades como Los Ángeles y Chicago, ICE ha continuado con arrestos en áreas urbanas, incluyendo operativos en negocios locales.
Estas acciones han llevado a protestas en ciudades como Riverside y San Diego, donde comunidades han exigido mayor protección para los migrantes frente a las políticas federales. Mientras tanto, ICE planea expandir estas tácticas a más estados, buscando cumplir con las metas de deportación de la administración Trump, un desafío que pone a prueba las relaciones bilaterales y la estabilidad social.
