Una corte federal de apelaciones bloqueó el intento de Nueva Jersey de cerrar los centros de detención de inmigrantes operados por empresas privadas, asestando un duro golpe a los esfuerzos del estado por limitar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La decisión, emitida el martes 22 de julio de 2025, ratifica que la ley estatal AB 5207, promulgada en 2021, es inconstitucional por interferir con las políticas migratorias federales. Este fallo refuerza la autoridad del gobierno de EE.UU. para mantener instalaciones clave, como el centro de detención de Elizabeth, y genera un intenso debate sobre la privatización de la detención migratoria.
Nueva Jersey y los centros de ICE: un revés judicial
El Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, en un fallo redactado por el juez Stephanos Bibas, determinó que la ley AB 5207 de Nueva Jersey cruza los límites al intentar prohibir nuevos contratos con empresas privadas, como CoreCivic, que opera el centro de Elizabeth. Esta instalación, calificada como “de misión crítica” por el ICE, alberga a cientos de inmigrantes en procesos civiles. Bibas argumentó que el estado no puede legislar contra herramientas esenciales de la política migratoria federal, invocando la doctrina de inmunidad intergubernamental. Esta norma constitucional impide que los estados obstaculicen funciones clave del gobierno nacional, como la gestión de detenciones migratorias.
Por su parte, el gobernador demócrata Phil Murphy, quien impulsó la ley, defendió su intención de proteger los derechos de los inmigrantes frente a lo que calificó como condiciones “inhumanas” en los centros privados. Sin embargo, el fallo subraya que las leyes estatales no pueden prevalecer sobre las prerrogativas federales, especialmente en un contexto donde el ICE depende de empresas como CoreCivic para gestionar el 85% de sus detenidos, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.
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Impacto en el centro de Elizabeth y los centros de ICE
El centro de detención de Elizabeth, operado por CoreCivic, es uno de los más importantes en la región noreste de EE.UU., con capacidad para cientos de inmigrantes. La ley AB 5207 buscaba impedir la renovación de su contrato, lo que habría obligado al ICE a trasladar a los detenidos a más de 400 kilómetros, afectando la logística de las operaciones migratorias. Ryan Gustin, director senior de CoreCivic, celebró la decisión judicial, afirmando que reafirma la importancia del centro para la “vital misión” del ICE. En febrero de 2025, la empresa expandió su capacidad en 784 plazas adicionales en instalaciones de Mississippi, Nevada, Ohio y Oklahoma.
Además, el fallo llega en un momento de tensiones crecientes por las políticas migratorias del presidente Donald Trump, quien ha defendido el uso de centros privados para agilizar deportaciones. Según el American Immigration Council, más de 32,000 inmigrantes están detenidos diariamente en EE.UU., la mayoría en instalaciones privadas. Los críticos, incluida la congresista demócrata LaMonica McIver, han denunciado que estas instalaciones priorizan el lucro sobre los derechos humanos, reportando casos de hacinamiento y atención médica deficiente.
Debate sobre los centros de ICE y la privatización
La decisión judicial ha reavivado el debate sobre la privatización de la detención migratoria. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado condiciones precarias en centros como el de Elizabeth, incluyendo acceso limitado a atención médica y alimentos. En 2024, un informe del Gobierno federal reveló que el 90% de las quejas por abusos en centros de detención provenían de instalaciones privadas. Pese a todo, el fallo del Tercer Circuito limita las opciones de estados como Nueva Jersey para regular estas operaciones, reforzando el control federal.
Por su parte, activistas y legisladores locales planean apelar la decisión, argumentando que el modelo de detención privada perpetúa violaciones de derechos humanos. Mientras tanto, el ICE continúa expandiendo su red de centros, con CoreCivic y otras empresas beneficiándose de contratos millonarios. La controversia en Nueva Jersey destaca las tensiones entre las políticas migratorias federales y los esfuerzos estatales por priorizar los derechos de los inmigrantes, un debate que promete intensificarse en los próximos meses.