Migrantes sin rastro: enviados a megacárcel de El Salvador sin juicio previo
Migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos han sido trasladados a la megacárcel de El Salvador sin derecho a audiencia ni evidencia clara de delitos, según reportó NBC News. Desde el 15 de marzo, al menos 240 hombres han sido enviados a este centro penitenciario bajo acusaciones de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, considerada una organización terrorista por el gobierno estadounidense.
Entre los detenidos hay solicitantes de asilo y migrantes con órdenes de deportación que, de acuerdo con sus familias y abogados, no tienen vínculos con grupos criminales. La falta de comunicación y acceso legal ha sumido a los familiares en una profunda incertidumbre.
Arrestos masivos y traslados sin aviso
Las deportaciones se realizaron invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que permite medidas extremas contra individuos considerados amenazas a la seguridad nacional. La proclamación emitida por el expresidente Donald Trump declaró al Tren de Aragua como una “fuerza invasora”, aunque no se presentaron pruebas individuales contra los migrantes deportados.
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Una investigación del New York Times reveló que muchos de los hombres trasladados no tienen antecedentes penales, ni en Estados Unidos ni en sus países de origen. Algunos fueron detenidos tras ser interrogados por tener tatuajes que, si bien comunes en Venezuela, fueron interpretados como señales de afiliación a pandillas.
Familias desesperadas y sin contacto
Carmen Bonilla, madre de Andry Blanco Bonilla, relató a NBC que no ha tenido noticias de su hijo desde su arresto en Texas en febrero. “No sé si está comiendo o si lo están golpeando. No puedo dormir”, dijo desde Venezuela. Blanco Bonilla, de 40 años, vivía en Estados Unidos mientras esperaba respuesta a su solicitud de asilo.
Otra madre, Austria Pulgar, identificó a su hijo en una imagen publicada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele durante una inspección a la cárcel de Tecoluca. “Esa foto me rompió el alma. No sabía que estaba allí”, expresó.
Denuncias por condiciones inhumanas
La megacárcel, conocida oficialmente como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ha sido objeto de múltiples denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han señalado condiciones de hacinamiento, tortura y aislamiento extremo.
Natalie Cadwalader Schultheis, abogada de tres de los migrantes, aseguró que fueron arrestados sin pruebas y deportados sin audiencia migratoria. “Estamos viendo desapariciones forzadas encubiertas como deportaciones legales. Esto sienta un precedente muy peligroso”, advirtió.
Fallos judiciales y medidas de emergencia
Un juez federal rechazó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar estas deportaciones. En abril, la Corte Suprema suspendió temporalmente los traslados mientras revisa varios recursos legales presentados por las familias y organizaciones de derechos civiles.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado pese a contar con una orden judicial que prohibía su regreso a El Salvador. Su familia asegura que no pertenece a la pandilla MS-13 y que fue arrestado injustamente. El expresidente Trump, en una reciente entrevista con Fox News, sugirió que podría ordenar su regreso “con una llamada”, pero puso en duda su “reputación”.
Sin garantías ni derecho a defensa
Muchos de los deportados ingresaron legalmente a Estados Unidos mediante el programa CBP One, diseñado para procesar citas migratorias. Según sus abogados, las órdenes de deportación emitidas eran para retornar a Venezuela, no a terceros países.
“Es una violación flagrante del debido proceso”, explicó Schultheis. “Ninguno de mis clientes fue acusado formalmente. No tuvieron abogados ni traductores, y ahora están encerrados en condiciones extremas lejos de sus familias”.
Clamor por justicia y reunificación
Los familiares de los detenidos, en su mayoría residentes en Venezuela o Centroamérica, continúan haciendo campañas públicas y buscando ayuda legal internacional. “Solo quiero que mi hijo regrese vivo”, dijo Frizgeralth de Jesús Cornejo Pulgar, madre de otro deportado.
La incertidumbre sobre su paradero y estado de salud ha llevado a muchas familias a denunciar el caso ante organismos de derechos humanos, mientras exigen transparencia y garantías legales para sus seres queridos.
