El presidente Donald Trump implementó una directiva el 8 de julio de 2025 que elimina las audiencias de fianza para migrantes indocumentados detenidos, generando 16.7 millones de interacciones en redes sociales. Por lo tanto, la medida, ordenada por el director interino de ICE, Todd Lyons, obliga a mantener a los migrantes en centros de detención durante sus procesos de deportación. En consecuencia, defensores advierten que millones enfrentarán meses o años encarcelados, exacerbando el colapso judicial. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defiende la política como necesaria para acelerar deportaciones, según un memorando oficial.
Directiva elimina audiencias de fianza
El memorando de Lyons, emitido al personal de ICE, prohíbe liberar a indocumentados detenidos en el interior de EE.UU., independientemente de su tiempo en el país, según The Washington Post. Por su parte, la decisión de otorgar fianza pasa de jueces a oficiales de inmigración, reduciendo drásticamente las liberaciones, según el American Immigration Council. En consecuencia, de 1,427 migrantes detenidos en Nueva York desde enero, solo 12 han sido liberados bajo fianza, según Transactional Records Access Clearinghouse. Además, Lyons anticipa desafíos legales, con demandas ya presentadas en California, según Reuters.
Colapso en tribunales migratorios
Con 3.5 millones de casos migratorios pendientes, los tribunales enfrentan demoras de hasta 4.3 años, según el Syracuse University’s TRAC. Por lo tanto, la directiva podría forzar a migrantes a aceptar deportaciones rápidas, según el abogado Fernando Romo de Asosal. En consecuencia, en centros como Adelanto, California, con capacidad para 1,940 personas, el 80% de los detenidos no tiene antecedentes penales, según la ACLU. Sin embargo, el DHS argumenta que la medida disuade la migración irregular, con 75,341 repatriaciones desde enero, según datos oficiales.
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Críticas de defensores de inmigrantes
Fernando Romo señaló que la eliminación de fianzas hará “prácticamente imposible” pelear casos en libertad, según EFE. Por su parte, Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council, acusó a Trump de contradecir sus críticas a la política de Biden, según The Guardian. En consecuencia, la directiva podría violar el debido proceso, según una demanda presentada por el Immigrant Legal Resource Center. Además, el 65% de los estadounidenses desaprueba las detenciones prolongadas, según una encuesta de Pew Research, aumentando la presión sobre el Congreso.
Expansión de centros de detención
El Congreso aprobó 45,000 millones de dólares para ICE, elevando la capacidad de detención a 100,000 camas diarias, según el Congressional Budget Office. Por lo tanto, centros como Alligator Alcatraz en Florida, con espacio para 2,000 personas, han expandido operaciones, según NBC News. En consecuencia, Florida reporta un aumento del 120% en detenciones desde abril, con 3,200 migrantes en custodia, según el Miami Herald. Sin embargo, las condiciones en estos centros, como hacinamiento y falta de atención médica, han sido denunciadas por Human Rights Watch.
Reacciones políticas y tensiones
El senador Chuck Schumer criticó la directiva, exigiendo en un comunicado del 10 de julio que se restablezcan las audiencias de fianza para proteger derechos constitucionales. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida, afirmando que “fortalece la seguridad pública”, según Fox News. En consecuencia, México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, evalúa acciones legales contra EE.UU. por violaciones a tratados internacionales, según El Universal. Además, protestas en Los Ángeles y Nueva York, con 5,000 asistentes, condenaron la política, según el Immigrant Defense Project.