Dos migrantes indígenas chiapanecos relataron cómo fueron detenidos y deportados por agentes migratorios en Estados Unidos, sin posibilidad de defensa legal y bajo un trato que calificaron como inhumano y humillante.
“Nos trataron como si fuésemos asesinos”. Así resumió Benjamín López, migrante originario de San Juan Chamula, su experiencia tras ser detenido y deportado por las autoridades estadounidenses durante una redada migratoria en un restaurante en Pittsburgh, Pensilvania.
Benjamín y su hijo Carlos, de 17 años, habían emigrado buscando empleo en el sector de la construcción y la cocina. Sin embargo, su búsqueda del llamado “sueño americano” se truncó de forma abrupta cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpieron en el lugar donde trabajaban, los esposaron de pies, manos y cintura, y los trasladaron a un centro de detención.
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Migrantes deportados relatan redada en restaurante de Pittsburgh
Ambos migrantes aseguran que no hubo violencia física directa contra ellos, pero sí actos de intimidación y maltrato psicológico. Carlos narró que una agente apuntó su arma contra ellos cuando intentaban esconderse en el techo del local. “Solo pensé en mi familia. Me gritaron con groserías y no me dejaron explicar que estaba en proceso de asilo”, relató el joven.
Fotografía de Carlos López, migrante mexicano, durante una entrevista con EFE en San Cristóbal de las Casas (México). EFE/ Carlos López
La deportación ocurrió sin una audiencia ni representación legal. De acuerdo con sus testimonios, ICE les negó la oportunidad de presentar pruebas sobre su situación migratoria. “No hubo juicio, ni intérprete. Solo nos subieron a un avión y nos dijeron que ya estábamos fuera”, dijo Benjamín.
Los migrantes deportados fueron trasladados en tres vuelos hasta Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, y de allí a San Cristóbal de las Casas, en el sureste del país. Solo recibieron una tarjeta de ayuda de 2.000 pesos mexicanos (aproximadamente 100 dólares) como parte del programa federal Bienestar para repatriados.
Migrantes deportados denuncian discriminación y abandono
Benjamín expresó que en Estados Unidos solo buscaban trabajar, no delinquir. “El presidente Trump habla como si todos fuéramos criminales, pero los migrantes deportados somos los que limpian las calles, cocinan en los restaurantes y construyen casas”, declaró.
Fotografía de Benjamín López durante su entrevista con EFE (México). EFE/ Carlos López
Lamentó haber perdido una inversión de más de 25.000 dólares que pidió prestados para pagar su traslado a Estados Unidos. “Regresé con la misma ropa con la que salí a trabajar. Mis sueños quedaron allá”, agregó con resignación.
Carlos, por su parte, dejó la secundaria para migrar con su padre. Hoy, de regreso en Chiapas, asegura no tener ninguna opción laboral. “Aquí no hay trabajo. No quería seguir estudiando, solo buscaba un empleo”, explicó.
Los migrantes deportados insisten en que no se sienten delincuentes. “A los verdaderos criminales no los detienen así. Nosotros solo cruzamos una frontera buscando sobrevivir”, enfatizó Benjamín.
Migrantes deportados bajo el gobierno de Trump
Desde que Donald Trump volvió a la presidencia en enero de 2025, México ha recibido a más de 65.000 migrantes deportados, según cifras oficiales. De ellos, 59.747 son ciudadanos mexicanos y 5.728 de otras nacionalidades.
La administración Trump ha intensificado las redadas y detenciones, especialmente en ciudades santuario como Los Ángeles y Chicago. En junio, una serie de operativos migratorios provocó protestas masivas en varios estados del país.
La Casa Blanca, sin embargo, ha defendido su política argumentando que se enfoca en personas con antecedentes penales. Pero los migrantes deportados como Benjamín y Carlos aseguran que ese no es el caso. “Trabajábamos todos los días, no tenemos delitos ni hemos hecho daño a nadie”, remarcaron.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que los procedimientos de deportación acelerada no respetan el debido proceso legal ni brindan acceso a intérpretes o abogados. En comunidades indígenas como la tzotzil, el problema se agrava por las barreras del idioma y la falta de información.
El caso de estos migrantes deportados refleja una realidad compartida por miles de personas que cruzan la frontera cada año con la esperanza de una vida mejor. “No queremos limosnas. Queremos que nos traten como personas”, concluyó Benjamín López desde su pueblo natal, aún con la esperanza de regresar algún día a Estados Unidos.