El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles que la administración de Donald Trump está en negociaciones con varios gobiernos para que más países reciban a migrantes deportados desde territorio estadounidense, independientemente de su nacionalidad. La iniciativa, explicó Rubio en Washington, tiene como objetivo alejar de la frontera a personas que considera “una amenaza para la seguridad del país”.
“Queremos enviarlos lo más lejos posible. No me disculpo por ello”, afirmó el funcionario, en declaraciones que provocaron reacciones tanto en el ámbito diplomático como en organismos defensores de derechos humanos.
Rubio hizo referencia al actual acuerdo con El Salvador, que ha aceptado recibir migrantes de terceros países, incluyendo venezolanos acusados sin juicio de tener vínculos con bandas criminales. Ahora, bajo el mismo enfoque, la administración busca replicar ese modelo en otras regiones, comenzando por Centroamérica.
Te Recomendamos
El nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una audiencia en el Senado estadounidense, el 15 de enero de 2025. EFE/Graeme Sloan
Migrantes deportados: ¿Qué países podrían sumarse a esta política?
Actualmente, además de El Salvador, Guatemala ha dado señales de alinearse con la política migratoria de la Casa Blanca. En febrero de este año, el presidente Bernardo Arévalo acordó aumentar en un 40% la capacidad de vuelos de deportación desde Estados Unidos, incluyendo migrantes de otras nacionalidades además de guatemaltecos. La medida fue presentada como una estrategia de cooperación regional para contener los flujos migratorios, pero ha sido vista por analistas como una concesión significativa a las demandas del gobierno de Trump.
Panamá y Honduras también han sido mencionados como posibles nuevos receptores. Fuentes diplomáticas consultadas por NBC News indicaron que funcionarios estadounidenses han sostenido conversaciones preliminares con representantes de estos países, aunque todavía no se han firmado acuerdos.
Uno de los obstáculos que enfrenta esta política es la infraestructura carcelaria de los países receptores. El Salvador, por ejemplo, alberga a cientos de deportados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión inaugurada por el presidente Nayib Bukele. Las condiciones en esa instalación han sido duramente criticadas por organizaciones internacionales, que la señalan por violaciones sistemáticas de derechos humanos.
El caso Kilmar Abrego: una advertencia sobre las fallas del sistema
Uno de los ejemplos más ilustrativos de las posibles consecuencias de esta política es el caso de Kilmar Abrego García, un residente de Maryland que fue deportado por error a El Salvador y enviado directamente al CECOT, a pesar de tener una orden judicial que impedía su expulsión.
Abrego, que no tiene antecedentes penales, fue acusado sin pruebas contundentes de tener vínculos con la MS-13, una de las pandillas más violentas del hemisferio. Según su defensa, las únicas supuestas evidencias eran una gorra y una sudadera de los Chicago Bulls, además de un testimonio vago y no verificado.
La Corte Suprema intervino con una orden para frenar la deportación, pero Abrego ya se encontraba detenido en el penal salvadoreño. Hasta la fecha, el gobierno de Estados Unidos no ha informado si realizará gestiones para solicitar su retorno. Mientras tanto, Marco Rubio ha insistido en que la conducción de la política exterior “no está sujeta a revisión judicial”.
Foto: Jose Valle/EFE
Posibles soluciones y alternativas a las deportaciones masivas
La política actual ha generado críticas, pero también ha abierto el debate sobre alternativas más humanas y sostenibles. Organizaciones como la American Immigration Council y Human Rights First han propuesto establecer corredores humanitarios en colaboración con la ONU, que permitirían a los migrantes solicitar asilo en terceros países con apoyo legal y sin criminalización.
Expertos también sugieren que los fondos que Estados Unidos destina a cárceles privadas y vuelos de deportación podrían invertirse en programas de integración, como lo hacen países europeos con menores tasas de reincidencia delictiva entre migrantes. El caso de Canadá, que ha apostado por programas comunitarios y rutas de residencia permanentes, es citado con frecuencia como modelo alternativo.
Asimismo, líderes religiosos y académicos han pedido una pausa temporal en las deportaciones mientras se revisan los acuerdos internacionales. “El enfoque punitivo no resuelve las causas estructurales de la migración”, explicó el profesor Jorge Ramos, del Instituto de Política Migratoria de Washington. “Es hora de que Estados Unidos lidere, no con represión, sino con soluciones”.
