Ocho mujeres venezolanas deportadas desde Estados Unidos enfrentaron un confuso periplo desde el 15 de marzo de 2025, cuando fueron enviadas a El Salvador, solo para ser rechazadas por las autoridades locales y devueltas al país norteamericano sin descender del avión. El incidente, que involucró a mujeres como Franyeli Carolina Zambrano Manrique, ha generado críticas por supuestas irregularidades legales y violaciones a los derechos humanos. Todo comenzó cuando un juez federal, James E. Boasberg, ordenó verbalmente a las 6:48 p.m. detener las deportaciones de venezolanos desde el aeropuerto de Harlingen, Texas, pero los vuelos ya estaban en marcha, ignorando la advertencia judicial.
Franyeli, de 30 años, estaba entre las ocho mujeres que subieron a un avión de Global X, esposadas de pies y manos, con la esperanza de regresar a Venezuela tras meses de detención. Junto a ella viajaban otras como Scarleth Rodríguez, todas convencidas de que aterrizarían en el Aeropuerto Simón Bolívar de Caracas. Sin embargo, el vuelo las llevó primero a Guatemala y luego a El Salvador, donde las autoridades se negaron a recibirlas, devolviéndolas a Estados Unidos horas después. Este caos se suma a las tensiones migratorias entre los países involucrados, con familias separadas y acusaciones de maltrato durante el proceso.
Un viaje lleno de incertidumbre
El viaje de Franyeli comenzó el 8 de febrero, cuando fue detenida junto a su esposo Rolando Barreto Villegas en Utah mientras conducían hacia St. George. Ambos, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), fueron arrestados por agentes de ICE, quienes los interrogaron sobre supuestos vínculos con el Tren de Aragua, basándose en tatuajes como estrellas y frases como “Real hasta la Muerte”. A pesar de negarse a firmar documentos que admitieran tales acusaciones, fueron trasladados a un centro de detención en Nevada, donde Franyeli describió condiciones duras, incluyendo guardias que pateaban la comida.
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El 9 de marzo, Franyeli y Rolando fueron subidos a un avión que los llevó a Texas, donde se unieron a otros migrantes, incluyendo las siete mujeres restantes. Scarleth, de 21 años, detenida desde agosto de 2024, soñaba con el pollo guisado que su madre preparaba en Antímano. Sin embargo, el plan cambió drásticamente cuando el juez Boasberg reiteró por escrito la orden de detener las deportaciones. A pesar de esto, el vuelo de Franyeli despegó, y las mujeres descubrieron en El Salvador que no serían aceptadas, tras un aterrizaje marcado por forcejeos y violencia por parte de los agentes de ICE.
Reacciones y situación actual
Las ocho mujeres denunciaron haber sido “secuestradas” y “engañadas” durante el proceso. Franyeli relató cómo un oficial la golpeó y cómo vieron a hombres venezolanos ser arrojados por las escaleras del avión hacia el Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, una mega cárcel con capacidad para 40,000 internos. Este lugar, promocionado por el gobierno salvadoreño, alberga a más de 120,000 reos, la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, y ha sido criticado por organizaciones por violaciones al debido proceso.
De las ocho, solo tres han sido deportadas a Venezuela. Franyeli llegó el 5 de abril, reunida con su padre y sus cinco hijos, aunque su esposo sigue incomunicado en El Salvador. Otras, como Gladys Yoleida Caricote Tovar, permanecen en centros de detención en Texas, donde han denunciado maltratos, incluyendo golpes y castigos en celdas de aislamiento. Familiares, como la madre de Gladys, exigen su deportación inmediata, mientras el caso sigue sin una explicación oficial, dejando a las mujeres en una lucha por justicia en medio de un sistema migratorio que sigue siendo controvertido.