El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un significativo incremento de agentes de deportación, elevando su número a 20,000, según un anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La medida, que busca intensificar las operaciones de deportación a nivel nacional, responde a la promesa de campaña de Trump de ejecutar una de las mayores operaciones de remoción de inmigrantes en la historia del país. Este aumento se produce en un contexto donde las detenciones fronterizas han disminuido drásticamente, pero las deportaciones desde el interior del país aún no alcanzan las metas ambiciosas establecidas por la administración.
Desde que asumió su segundo mandato el 20 de enero de 2025, Trump ha implementado políticas migratorias estrictas, incluyendo la suspensión de programas humanitarios y la expansión de detenciones. Según datos del DHS, hasta abril de 2025 se han deportado más de 139,000 personas, aunque la meta de la administración es alcanzar un millón de deportaciones al año. Para lograrlo, el presidente ha reasignado recursos de diversas agencias federales, incluyendo agentes que antes se enfocaban en delitos como el tráfico de drogas y el abuso infantil, hacia tareas de deportación. Este incremento de agentes de deportación busca acelerar el ritmo de arrestos y remociones, especialmente en comunidades del interior del país.
Agentes de deportación: Una estrategia ampliada
La decisión de aumentar los agentes de deportación a 20,000 incluye la incorporación de personal de agencias como el FBI, la DEA y el Servicio de Alguaciles de EE.UU., según un memorando del DHS emitido en enero. Esto ha permitido duplicar las tasas de arrestos en el interior del país, que pasaron de un promedio de 310 detenciones diarias en 2024 a 650 por día en marzo de 2025, de acuerdo con estadísticas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, el ritmo de deportaciones sigue siendo más lento de lo esperado, con solo 12,300 personas deportadas en marzo, una cifra inferior a los 12,700 del mismo mes en 2024 bajo la administración Biden.
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El DHS también ha intensificado las operaciones en «ciudades santuario», eliminando restricciones previas que limitaban arrestos en lugares sensibles como escuelas y hospitales. Además, se han utilizado aviones militares para deportar a más de 5,000 personas desde San Diego y El Paso, según el Pentágono. La administración ha enfrentado críticas por estas tácticas, especialmente tras casos como la deportación de familias con niños ciudadanos estadounidenses, incluyendo una niña de 10 años en tratamiento por cáncer cerebral, según reportes del DHS. A pesar de estas controversias, el enfoque en deportar a inmigrantes con antecedentes penales sigue siendo prioritario, con 150,000 arrestos de este grupo desde enero.
Retos y recursos necesarios
El aumento de agentes de deportación enfrenta varios desafíos logísticos. ICE actualmente tiene capacidad para detener a 54,500 personas, pero ya alberga a cerca de 47,000, según datos de marzo de 2025. El «zar de la frontera», Tom Homan, ha solicitado al Congreso fondos para expandir esta capacidad a 100,000 camas, proponiendo el uso de bases militares y campamentos temporales. El DHS también ha solicitado 45 mil millones de dólares para los próximos dos años, destinados a contratos con empresas privadas que gestionen centros de detención y agilicen las deportaciones.
Por otro lado, la administración ha promovido la autodeportación mediante el uso de la app CBP Home, que permite a inmigrantes indocumentados registrarse y salir del país voluntariamente. El DHS reporta un aumento en estas salidas, aunque no ha proporcionado cifras exactas. Mientras tanto, países como Colombia han mostrado resistencia a recibir vuelos de deportación, lo que ha generado tensiones diplomáticas. En un incidente reciente, el presidente colombiano Gustavo Petro se negó inicialmente a aceptar dos aviones militares con deportados, exigiendo un trato digno para sus ciudadanos, aunque finalmente cedió tras amenazas de aranceles por parte de EE.UU.
El impacto de estas políticas se siente en comunidades inmigrantes, donde el miedo ha llevado a muchos a evitar servicios esenciales y espacios públicos. Organizaciones como el Consejo Americano de Inmigración han estimado que deportar un millón de personas costaría al gobierno federal 967.9 mil millones de dólares en una década. Con este incremento de agentes de deportación, Trump busca cumplir su promesa de una frontera segura, pero el camino hacia su meta de un millón de deportaciones anuales sigue lleno de obstáculos legales, logísticos y humanitarios.
