El gobierno de Estados Unidos ha puesto en marcha una revisión nacional sin precedentes sobre la situación de aproximadamente 450,000 niños migrantes que cruzaron la frontera sin compañía adulta desde el inicio de la administración de Joe Biden. De acuerdo con la agencia Associated Press (AP), la operación involucra múltiples agencias federales, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), con el objetivo de verificar la seguridad de los menores y evaluar la idoneidad de los adultos que los han acogido como patrocinadores.
Esta revisión responde a preocupaciones crecientes sobre la falta de controles rigurosos en el proceso de patrocinio, lo cual podría haber expuesto a miles de menores a situaciones de abuso o explotación. Según datos oficiales, se han recibido más de 65,000 quejas relacionadas con el bienestar de los niños migrantes, de las cuales al menos 450 fueron derivadas a autoridades policiales y fiscales.
Casos de explotación refuerzan la necesidad de revisar la situación de los niños migrantes
Uno de los casos más alarmantes mencionados por AP involucra a un hombre que logró obtener la custodia de una niña de 14 años de Guatemala mediante documentos falsificados. Este individuo ya había sido condenado por delitos sexuales en Ohio y ahora enfrenta cargos federales por tráfico de personas y robo de identidad. Casos como este han motivado a las autoridades federales a reforzar los mecanismos de verificación.
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En los últimos dos meses, al menos 100 menores han sido retirados de sus patrocinadores y trasladados a refugios administrados por el gobierno federal. Investigadores han examinado además las solicitudes de los llamados “superpatrocinadores”, personas que han reclamado la custodia de más de una docena de niños, lo cual ha generado sospechas sobre posibles redes de trata.
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., declaró durante una reunión de gabinete que su agencia trabaja activamente para “encontrar a los niños” y garantizar su seguridad. En redes sociales, el HHS reiteró: “Proteger a los niños no es opcional”.
Vista de un agente del FBI, en una fotografía de archivo. EFE/Matt Campbell
Temor entre familias ante operativos que afectan a niños migrantes
A pesar de que el operativo federal tiene como objetivo declarado proteger a los niños migrantes, defensores de derechos humanos han expresado serias preocupaciones. Diversas organizaciones aseguran que las visitas domiciliarias encabezadas por agentes del FBI y otras agencias pueden generar miedo e intimidación en hogares migrantes, particularmente en aquellos donde el estatus migratorio de los adultos es incierto.
Julia Cryne, abogada especializada en migración en Omaha, compartió el caso de un niño de 10 años que fue interrogado por agentes vestidos con uniformes tácticos. El menor recibió preguntas sobre su patrocinador y su situación migratoria, en una experiencia que la abogada calificó de traumática.
Por su parte, Mary Miller Flowers, directora de políticas del Young Center for Immigrant Children’s Rights, sostuvo que muchas familias legítimas temen que este operativo se convierta en una excusa para identificar y deportar tanto a patrocinadores como a los propios niños. “Estamos viendo una combinación de medidas que hacen casi imposible que un menor sea liberado de la custodia federal”, señaló Flowers, aludiendo también a los nuevos requisitos de verificación, como huellas dactilares, pruebas de ADN y comprobantes de ingresos.
Fotografía cedida por la oficina de Denver del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) donde aparecen dos agentes de ICE arrestado una persona en Denver, Colorado (EE.UU.). EFE/ICE Denver
Aumentan las deportaciones y se recortan apoyos legales para niños migrantes
La implementación de esta revisión ya ha derivado en deportaciones. En Hawái, dos familias fueron expulsadas del país y un menor fue regresado a custodia federal. Casos similares se han documentado en Virginia y Nebraska, donde las comunidades migrantes expresan creciente incertidumbre sobre su futuro.
Además de los operativos, se han introducido restricciones que complican el proceso de acogida para patrocinadores. Bajo las nuevas directrices federales, se exige una batería de requisitos que muchos adultos, especialmente los indocumentados o de bajos recursos, no pueden cumplir. Paralelamente, se han reducido los fondos para asistencia legal gratuita, lo cual ha dejado incluso a niños pequeños sin representación jurídica en procesos migratorios complejos.
En este contexto, el DHS defiende que la operación tiene como propósito prioritario “salvaguardar a los menores de posibles delitos”, y asegura que todas las acciones se realizan en coordinación con autoridades estatales y locales. El FBI, en una declaración enviada a AP, ratificó su compromiso con la protección infantil como “una misión crítica”.
