Fin del TPS para hondureños y nicaragüenses: ¿Qué opciones legales tienes?

El gobierno de Estados Unidos anunció oficialmente el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos de Honduras y Nicaragua, una medida que dejará sin protección migratoria a cerca de 76,000 personas a partir del 6 de septiembre de 2025. Esta decisión representa un giro importante en la política migratoria del país, justo cuando la administración Trump ha retomado el control de la Casa Blanca y endurecido las reglas para los migrantes con estatus temporal.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las condiciones en Honduras y Nicaragua han mejorado lo suficiente como para que sus ciudadanos regresen “de manera segura”. Esta medida afectará a personas que han vivido y trabajado en Estados Unidos legalmente por más de dos décadas, muchos de los cuales tienen hijos nacidos en territorio estadounidense y han construido una vida completa en el país.

¿Qué significa el fin del TPS para hondureños y nicaragüenses?

El TPS es una designación migratoria que protege a los ciudadanos de ciertos países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias. En el caso de Honduras y Nicaragua, el beneficio se otorgó tras el paso devastador del huracán Mitch en 1998. Desde entonces, los beneficiarios han renovado su estatus cada 18 meses y han podido trabajar legalmente, evitando la deportación.

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Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos con agentes del ICE. Foto: X/@DHSgov

Con el fin del TPS, estas personas perderán tanto el permiso de trabajo como la protección contra la deportación. El DHS ha explicado que esta medida se basa en una revisión de las condiciones actuales en ambos países y no en la conducta individual de los beneficiarios. Sin embargo, la decisión ha sido duramente criticada por defensores de los derechos de los migrantes, quienes señalan que muchos de los afectados llevan más de 20 años en Estados Unidos, con raíces familiares, laborales y comunitarias profundamente establecidas.

El gobierno ha ofrecido un “proceso ordenado de salida”, incluyendo boletos aéreos gratuitos y bonos de hasta $1,000 para quienes abandonen el país voluntariamente. Esta iniciativa ha sido vista por muchos como una forma de “autodeportación” y ha generado rechazo entre líderes comunitarios y gobiernos centroamericanos.

Opciones legales tras el fin del TPS para hondureños y nicaragüenses

A pesar de la cancelación del TPS, existen algunas vías legales que podrían estar disponibles para quienes pierden esta protección. No todas son sencillas ni están garantizadas, pero vale la pena conocerlas:

1. Ajuste de estatus por la vía familiar
Quienes tengan un cónyuge, padre o hijo ciudadano estadounidense mayor de 21 años podrían calificar para una residencia permanente legal a través del proceso de ajuste de estatus. Sin embargo, esto solo es posible si la persona ingresó legalmente al país o ha sido beneficiaria de leyes como la 245(i), que permite ajustar estatus incluso con una entrada irregular si se presentó una petición antes del 30 de abril de 2001.

2. Solicitud de asilo
Aunque esta opción es muy limitada en el contexto actual, algunas personas podrían presentar una solicitud de asilo si pueden demostrar que enfrentan persecución en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social específico u opinión política. No obstante, esta vía tiene plazos estrictos y altos estándares de prueba.

3. Programas laborales o visas humanitarias
Existen otros tipos de visas o estatus temporales, como la visa U (para víctimas de ciertos crímenes), la visa T (para víctimas de trata de personas), el Estatus de Jóvenes Inmigrantes (SIJ) para menores no acompañados, y algunas protecciones bajo el VAWA (Ley contra la Violencia hacia la Mujer) si la persona ha sido víctima de violencia doméstica por parte de un ciudadano o residente.

4. Amparos judiciales o demanda colectiva
Diversas organizaciones pro inmigrantes están preparando demandas legales para bloquear la decisión del gobierno. En el pasado, medidas similares lograron retrasar la cancelación del TPS para haitianos y venezolanos. Aunque el futuro es incierto, los beneficiarios pueden informarse sobre acciones colectivas que busquen extender la protección o reactivarla judicialmente.

La situación legal de hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos

La comunidad hondureña en Estados Unidos supera el millón de personas, muchas de ellas beneficiarias del TPS o familiares directos de quienes lo tienen. Lo mismo ocurre con los nicaragüenses, que representan una población migrante numerosa en estados como Florida, Texas y California. El fin del TPS para hondureños y nicaragüenses es un golpe directo a familias que han vivido dentro del marco legal durante años.

Durante su visita a Honduras en junio, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se reunió con la presidenta Xiomara Castro, quien solicitó formalmente la extensión del TPS. Sin embargo, el gobierno estadounidense ha reiterado que la medida es definitiva y que el programa “fue diseñado para ser temporal”.

En redes sociales, muchos beneficiarios del programa han expresado su temor de perderlo todo: sus trabajos, sus hogares, su estabilidad. Aunque el gobierno asegura que ofrecerá asistencia para facilitar un regreso “digno”, la realidad es que muchos no tienen ya ningún vínculo directo con sus países de origen.

Por su parte, el canciller hondureño, Enrique Reina, ha indicado que se desplegará una estrategia de defensa legal, diplomática y consular para proteger los derechos de los afectados y buscar nuevas alternativas de regularización. Lo mismo ha señalado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

La preocupación también alcanza a miles de empleadores, iglesias, comunidades y escuelas en Estados Unidos que dependen o cuentan con hondureños y nicaragüenses con TPS, quienes participan activamente en la vida laboral y social del país.

Aunque el TPS haya llegado a su fin para estos países, todavía existen oportunidades —aunque limitadas— para quienes deseen mantenerse legalmente en el país. La recomendación principal de los abogados migratorios es no caer en la desesperación ni acudir a intermediarios inescrupulosos. Buscar orientación legal confiable es clave en este momento crítico.

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