El FBI, la DEA y el IRS participarán en redadas migratorias: Así será su cooperación
El Gobierno del presidente Donald Trump ha lanzado el mayor operativo migratorio de su Administración, una campaña nacional bautizada como Operation At Large, con el objetivo de intensificar las detenciones y deportaciones de inmigrantes indocumentados. La iniciativa ha implicado una movilización sin precedentes de personal federal, con la participación directa de agencias que tradicionalmente no intervienen en asuntos migratorios, como el FBI, la DEA y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
La decisión fue impulsada por la presión de altos funcionarios de la Casa Blanca, entre ellos Stephen Miller, jefe adjunto de Gabinete, quien exigió a las autoridades de inmigración alcanzar un mínimo de 3,000 arrestos diarios. Esta exigencia llevó a una reorganización interna del Gobierno para alcanzar las metas propuestas, lo que ha generado tensiones entre agencias federales.
Fuerzas federales al servicio de la política migratoria
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El plan, según fuentes oficiales, contempla la utilización de más de 5,000 agentes de distintas agencias federales, además de 21,000 miembros de la Guardia Nacional cuya participación aún debe ser aprobada por el Departamento de Defensa o los gobernadores estatales.
Entre los agentes desplegados se encuentran 3,000 efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluidos 1,800 pertenecientes a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división que generalmente se dedica a delitos transnacionales. A ellos se suman 2,000 empleados del Departamento de Justicia, provenientes del FBI, la DEA y el Servicio de Alguaciles, así como 500 miembros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Una de las novedades más llamativas es la incorporación de 250 agentes del IRS. Algunos de ellos colaborarán proporcionando datos fiscales que ayuden a localizar a inmigrantes indocumentados, mientras que otros podrían participar directamente en los arrestos, una medida que ha generado controversia entre expertos legales y defensores de derechos civiles.
Transformación de las prioridades en las agencias del orden
La reasignación de estos recursos ha transformado el funcionamiento interno de muchas agencias. En el FBI, por ejemplo, la inmigración se ha convertido en una prioridad operativa, con agentes especiales que ahora colaboran activamente en redadas y operativos de ICE, algo inusual en años anteriores.
Dentro del Departamento de Justicia, varias fiscalías han redirigido personal destinado a otras investigaciones para enfocarse en casos migratorios. Esta priorización ha provocado demoras e incluso cancelaciones de procesos judiciales no relacionados con inmigración. Según un alto funcionario del FBI, el estatus migratorio se ha convertido en “la pregunta número uno” a la hora de decidir si continuar con una investigación o no.
En un caso revelado por fuentes del Gobierno, una fiscalía federal abandonó una acusación potencialmente peligrosa por no involucrar elementos migratorios, dejando el caso en manos de las autoridades estatales.
Repercusiones legales y operativas
La ofensiva migratoria también ha tenido consecuencias en el sistema judicial. Cada vez más, los tribunales federales procesan casos menores por cruce ilegal de frontera, algo que no era habitual en años recientes. Además, el Departamento de Justicia ha comenzado a disolver equipos especializados en otras áreas para enfocarse exclusivamente en inmigración.
El Gobierno también ha comenzado a invocar leyes que llevaban décadas sin utilizarse, como la Ley de Enemigos Extranjeros, para endurecer su postura migratoria. Esta tendencia ha provocado preocupación entre fiscales, jueces y agentes del orden que advierten sobre los efectos a largo plazo en la estructura judicial del país.
Reacciones desde la Casa Blanca
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, defendió la operación: “La seguridad en inmigración es seguridad nacional. Estamos comprometidos con la promesa del presidente Trump de expulsar a los inmigrantes indocumentados y garantizar los recursos necesarios para lograrlo”.
Por su parte, la secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, subrayó que “bajo el mando de la secretaria Noem estamos cumpliendo con el mandato del presidente y del pueblo estadounidense de arrestar y deportar a los indocumentados criminales y lograr un Estados Unidos seguro”.
Implicaciones para el futuro de la política migratoria
El despliegue masivo de personal y la implicación de agencias como el FBI, la DEA y el IRS en labores migratorias suponen un cambio radical en la política de seguridad de Estados Unidos. Mientras los defensores del plan argumentan que estas acciones refuerzan la soberanía nacional, críticos alertan sobre el costo de desatender otros crímenes importantes y el precedente que se sienta al redirigir a las fuerzas del orden a tareas que tradicionalmente no les competen.
Con Operation At Large, la Administración Trump ha dejado claro que la inmigración se ha convertido en el eje central de su agenda de seguridad, lo que podría marcar un antes y un después en la política migratoria de Estados Unidos.