Una coalición de congresistas bipartidistas liderada por dos legisladoras latinas presentó este martes un nuevo proyecto de ley que busca transformar el sistema migratorio de Estados Unidos. El plan incluye reforzar la seguridad fronteriza y, al mismo tiempo, ofrecer protección temporal a trabajadores indocumentados que hayan ingresado al país antes de 2021.
Las impulsoras del proyecto son la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, y la demócrata por Texas, Verónica Escobar. Ambas presentaron públicamente esta nueva versión del Dignity Act frente al Capitolio, en un acto donde destacaron el carácter “urgente y realista” de la propuesta.
Acabamos de presentar la Ley Dignidad de 2025.
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Esta nueva y mejorada versión es la reforma migratoria más significativa en una generación, con más de 20 patrocinadores originales de ambos partidos.
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— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) July 15, 2025
“Estamos ante un proyecto de ley revolucionario que ofrece soluciones reales: asegurar la frontera, frenar la inmigración ilegal y dar una oportunidad justa a quienes ya están aquí y han trabajado por años”, señaló Salazar.
El proyecto busca proteger a indocumentados que ingresaron antes de 2021
Uno de los pilares centrales del Dignity Act es la creación de un estatus legal temporal para inmigrantes indocumentados que se encontraban en el país antes del 1 de enero de 2021. Este permiso les permitiría trabajar legalmente hasta por siete años, con posibilidad de renovación, siempre que cumplan con ciertos requisitos.
Las condiciones incluyen el pago de una indemnización, la revisión regular de antecedentes y la obligación de reportarse de forma continua ante el Departamento de Seguridad Nacional. Aunque recibirían un permiso laboral, los beneficiarios no tendrían acceso a beneficios federales ni tampoco una vía directa hacia la ciudadanía estadounidense.
(Left to right) Puerto Rican Congresswoman Jenniffer Gonzalez; Republican lawmakers Mike Lawler and Maria Elvira Salazar; and Democratic Congresswomen Veronica Escobar, Kathy Manning and Hillary Scholten participate in a press conference to introduce bipartisan immigration reform legislation dubbed «The Dignity Act» in Washington DC on May 23, 2023. EFE/EPA/Michael Reynolds
Tampoco queda claro si este nuevo estatus permitiría salir del país y regresar sin perder la protección legal, algo que preocupa a miles de familias con vínculos en el extranjero.
DACA y trabajadores latinos, entre los más beneficiados
La propuesta establece, además, una vía especial para que jóvenes migrantes amparados por el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) accedan a la residencia permanente. Este grupo, integrado mayoritariamente por jóvenes latinos que llegaron a EE.UU. siendo menores de edad, ha estado en un limbo migratorio durante años.
Las congresistas subrayaron que este proyecto bipartidista representa una respuesta concreta a la falta de acción en materia migratoria. Según cifras del Migration Policy Institute, más de 7 millones de inmigrantes indocumentados podrían calificar para algún tipo de alivio si esta iniciativa prospera.
Un agente federal del ICE usa información en su teléfono mientras detiene a una mujer fuera de las audiencias de la corte de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits en Nueva York, EE.UU. EFE/ Sarah Yenesel
Asimismo, el proyecto haría obligatorio el uso del sistema de verificación de empleo E-Verify, con el objetivo de impedir que empleadores contraten personas sin autorización laboral.
Cambios en el sistema de asilo y refuerzo fronterizo
Además de legalizar a ciertos trabajadores indocumentados, el Dignity Act incluye una serie de reformas al sistema de asilo. Entre ellas, elimina la posibilidad de que los solicitantes permanezcan en EE.UU. mientras se procesa su caso. En su lugar, propone que sean retenidos en centros hasta que se determine su elegibilidad.
También se actualizarían las categorías de visas para alinearlas con las necesidades laborales actuales, en sectores como agricultura, salud, tecnología y construcción, donde hay alta demanda de mano de obra migrante.
Respecto a la frontera sur, el proyecto contempla inversiones en infraestructura, contratación de más agentes y uso de tecnología avanzada para controlar el ingreso irregular. Esto forma parte de la estrategia para reforzar la seguridad, un punto clave para los legisladores republicanos que han condicionado su apoyo a este tipo de reformas.
Salazar y Escobar impulsan una reforma migratoria bipartidista
La republicana María Elvira Salazar y la demócrata Verónica Escobar han impulsado esta propuesta desde 2021, sin lograr hasta ahora la aprobación del Congreso. No obstante, aseguran que este nuevo intento cuenta con mayores posibilidades, gracias al respaldo de al menos 20 legisladores de ambos partidos.
Una de las principales diferencias con versiones anteriores es que esta nueva iniciativa estaría financiada íntegramente mediante pagos de restitución y cuotas de solicitud cubiertas por los propios inmigrantes, lo que evitaría el uso de fondos públicos o carga para los contribuyentes.
En su intervención, Escobar llamó a sus colegas a dejar de lado la polarización y actuar con responsabilidad: “Sabemos que la inmigración es un tema complejo, pero esta propuesta es un compromiso realista y justo que puede ser aprobado en esta legislatura”, dijo.
El contexto: redadas y más control bajo la administración Trump
Este proyecto llega en un momento tenso. El presidente Donald Trump ha intensificado las redadas migratorias y ha convertido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la mayor agencia de seguridad del país, tras la aprobación de una nueva ley presupuestaria.
Mientras tanto, comunidades inmigrantes —especialmente latinas— viven con temor a las deportaciones masivas. La posibilidad de legalizar a miles de trabajadores indocumentados que han vivido en el país por años ofrece una esperanza concreta en medio de este clima de tensión.
El Dignity Act deberá ser evaluado por varios comités legislativos en las próximas semanas. Sus promotores buscan que llegue a votación antes del receso de verano del Congreso, aunque aún enfrentan resistencias dentro del propio Partido Republicano.