Un juez federal de Estados Unidos ha emitido una orden que cuestiona la legalidad de la deportación de una niña de dos años, identificada como V.M.L., nacida en Baton Rouge, Luisiana, quien fue enviada a Honduras junto con su madre, Jenny Carolina López Villela, y su hermana de 11 años. La deportación se llevó a cabo sin un proceso judicial adecuado, lo que ha generado preocupación por posibles violaciones de los derechos constitucionales de la menor.
La administración Trump alega consentimiento materno
La familia había sido detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una cita rutinaria en Nueva Orleans. Según los documentos judiciales, la madre expresó su deseo de que su hija la acompañara a Honduras mediante una carta manuscrita. Sin embargo, el juez Terry Doughty cuestionó la validez de esta declaración, señalando que no se había verificado adecuadamente el consentimiento de la menor. Además, se programó una audiencia para el 16 de mayo en Monroe, Luisiana, para investigar el caso más a fondo.
Preocupaciones sobre la violación de derechos constitucionales y procedimientos legales
El juez Doughty enfatizó que es ilegal e inconstitucional deportar, detener para deportación o recomendar la deportación de un ciudadano estadounidense sin un proceso formal. Citó un caso de deportación de 2012 como precedente y expresó su preocupación por la falta de transparencia y debido proceso en este caso específico. La administración Trump sostiene que la madre deseaba que la niña fuera deportada con ella, pero el tribunal no tiene evidencia suficiente para confirmar esta afirmación.
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Reacciones de la comunidad legal y defensores de los derechos civiles
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) condenó la deportación como un abuso significativo del poder, señalando que violó las propias pautas del ICE con respecto al cuidado de menores ciudadanos estadounidenses durante las deportaciones. La organización expresó su preocupación por el precedente que este caso podría establecer en futuras acciones de deportación y la protección de los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos.
Impacto en la familia y próximos pasos legales
El padre de V.M.L., quien no estaba presente durante la detención, recibió una llamada de ICE informándole que su familia había sido llevada a la oficina de inmigración. Cuando llegó al lugar indicado, los agentes le proporcionaron un papel diciendo que la madre estaba bajo su custodia, pero no pudieron darle más información. Además, se negó a facilitar una llamada legal entre el abogado del padre y la madre de la niña. La audiencia programada para el 16 de mayo será crucial para determinar si se violaron los derechos constitucionales de la menor y si la deportación fue legal.
Fotografía cedida por la oficina de Denver del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) donde aparecen dos agentes de ICE arrestado una persona en Denver, Colorado (EE.UU.). EFE/ICE Denver
Contexto de las deportaciones bajo la administración Trump
Este incidente se enmarca en un patrón más amplio de políticas de inmigración implementadas por la administración Trump, que han enfrentado críticas por su enfoque en la deportación de inmigrantes sin estatus legal, incluidos aquellos con hijos ciudadanos estadounidenses. A nivel nacional, se ha informado que más de 231,000 inmigrantes deportados entre 2013 y 2018 tenían hijos ciudadanos estadounidenses, lo que ha generado preocupaciones sobre el impacto de estas políticas en las familias y comunidades.
Próximas audiencias y seguimiento del caso
La audiencia programada para el 16 de mayo en Monroe, Luisiana, será un paso importante para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales en este caso. Se espera que durante esta audiencia se presenten más pruebas y testimonios que ayuden a dilucidar si se violaron los derechos de la niña y si la deportación fue llevada a cabo de acuerdo con la ley. El seguimiento de este caso podría tener implicaciones significativas para futuras políticas de inmigración y la protección de los derechos de los ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero.
Fotografía cedida por la oficina de Denver del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) donde aparece un agente durante una redada en Denver, Colorado (EE.UU.). EFE/ICE Denver
