Un grupo de 31 migrantes venezolanos detenidos en el centro de detención de Bluebonnet, en Anson, Texas, formó un impactante mensaje humano de “SOS” el 28 de abril. Acostados en el suelo del patio, los hombres intentaron llamar la atención internacional sobre la amenaza inminente de ser deportados sin juicio, posiblemente a una de las prisiones más temidas del continente: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador.
El momento fue captado por un dron de la agencia Reuters y rápidamente se viralizó. La deportación de migrantes venezolanos bajo la polémica Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 ha reavivado el debate sobre los derechos humanos en las políticas migratorias de la administración Trump.
Deportación de migrantes venezolanos bajo ley del siglo XVIII
Los 31 hombres detenidos en Bluebonnet, un centro de gestión privada con más de 800 internos diarios, fueron notificados el 18 de abril de que serían expulsados de Estados Unidos sin el debido proceso migratorio. La justificación fue su presunta afiliación al Tren de Aragua, una banda criminal venezolana ya desarticulada.
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Sin embargo, muchos de los detenidos aseguran no tener vínculo alguno con la organización. Rechazaron firmar los documentos de deportación. Según relataron, fueron trasladados en autobuses hasta un aeropuerto cercano en la madrugada, pero regresaron al centro horas después, cuando el Tribunal Supremo emitió un bloqueo temporal a las deportaciones.
La deportación de migrantes venezolanos se intentó justificar mediante una ley aprobada en 1798 durante la presidencia de John Adams. Esta norma, casi en desuso, permite al Ejecutivo expulsar a ciudadanos extranjeros considerados “enemigos” del país en tiempos de guerra. Expertos en derecho migratorio la califican como un recurso extremo, obsoleto y potencialmente inconstitucional.
Migrantes de origen venezolano permanecen en casas de campaña a orillas del Río Bravo, en Ciudad Juárez, Chihuahua (México), en una fotografía de archivo. EFE/Luis Torres
Deportación de migrantes venezolanos podría implicar traslado al Cecot
La prisión salvadoreña Cecot, construida por el presidente Nayib Bukele, ha sido señalada por organismos internacionales por sus duras condiciones y escasa supervisión legal. En sus instalaciones se encuentran más de 12.000 reclusos, muchos sin juicio previo.
Los detenidos en Texas temen ser enviados allí. Según fuentes del ICE, más de 200 venezolanos y salvadoreños ya han sido deportados al Cecot desde que comenzó la colaboración entre la Casa Blanca y el gobierno de Bukele a principios de 2024. El ICE no ha respondido oficialmente a los pedidos de aclaración sobre estas transferencias.
Un funcionario migratorio que visitó Bluebonnet el 26 de abril confirmó ante los internos que los procedimientos judiciales serían omitidos bajo la ley de 1798. En una grabación obtenida por medios locales, se escucha a los detenidos preguntar por qué eran considerados “enemigos”, si no tenían antecedentes ni cargos penales.
SOS desde el encierro: voces de los migrantes
Los hombres detenidos incluyen solicitantes de asilo como Andrés Millán, cuya audiencia estaba programada para el 1 de mayo. Si es deportado antes, no podrá ejercer su derecho a defensa. “No soy criminal, escapé de Venezuela buscando protección”, declaró por escrito desde el centro de detención.
Uno de los abogados que representa a varios de los venezolanos, Jorge Reyes, denunció la opacidad del proceso. “Se está ignorando completamente el debido proceso legal. No hay pruebas, no hay audiencias. Esto es persecución administrativa”, afirmó.
La deportación de migrantes venezolanos mediante mecanismos extraordinarios como la Ley de Enemigos Extranjeros ha sido calificada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) como un “abuso deliberado del poder ejecutivo” que podría sentar un precedente peligroso.
Migrantes procedentes de Haití esperan en el río Bravo para cruzar rumbo a Estados Unidos, en Ciudad Acuña, estado de Coahuila (México), en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Sierra
Deportación de migrantes venezolanos genera reacción internacional
Organismos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han solicitado que se detenga de inmediato la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros. “No hay estado de guerra, no hay proceso judicial, y no hay pruebas concretas. Esto es una vulneración grave al derecho internacional”, señaló Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía para las Américas.
En Venezuela, familiares de los detenidos viven con angustia. Rosa Suárez, madre de uno de los jóvenes atrapados en Bluebonnet, relató desde Caracas: “Me llaman llorando, con miedo. No saben si mañana los suben a un avión. No hicieron nada malo”.
