La administración del presidente Donald Trump enfrenta una demanda colectiva por permitir arrestos de inmigrantes indocumentados en tribunales de inmigración. Por lo tanto, grupos de derechos civiles argumentan que esta política viola el debido proceso, según documentos judiciales. En consecuencia, los operativos de ICE han generado temor entre los migrantes, disuadiéndolos de asistir a audiencias. Sin embargo, el gobierno defiende las detenciones como parte de su plan de deportaciones masivas, según un comunicado del DHS.
Nueva estrategia de detenciones en tribunales
Desde enero de 2025, la administración Trump derogó las directrices que limitaban los operativos de ICE en tribunales, según CNN. Por su parte, los agentes ahora arrestan a inmigrantes tras la desestimación de sus casos por “cambios de circunstancias”, a menudo sin notificación previa, según la ACLU. En consecuencia, los detenidos son transferidos a procesos de deportación acelerada, con escasos recursos legales, según The Washington Post. Además, el 44% de los 51,302 detenidos en centros de ICE hasta junio no tenía antecedentes penales, según el Transactional Records Access Clearinghouse.
Impacto en el debido proceso
La demanda, presentada el 16 de julio en un tribunal federal de Washington, representa a una docena de inmigrantes y organizaciones como Democracy Forward. Por lo tanto, los abogados alegan que los arrestos violan la Constitución al impedir el acceso a un proceso justo, según Reuters. En consecuencia, casos como el de P.D., un cubano detenido en mayo tras una audiencia de asilo, reflejan esta práctica. “El juez desestimó mi caso sin explicación, y ICE me arrestó al salir”, afirmó P.D., según documentos judiciales. Además, el 77% de los inmigrantes en Filadelfia teme asistir a tribunales, según un estudio de la Universidad Temple.
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Presión para aumentar deportaciones
Stephen Miller, asesor clave de Trump, exigió en mayo 3,000 arrestos diarios, un objetivo difícil de alcanzar, según BBC News Mundo. Por su parte, el presupuesto de ICE se triplicó a 30,000 millones de dólares para 2026, superando al del FBI, según El Confidencial. En consecuencia, los operativos se han extendido a “áreas sensibles” como tribunales, escuelas e iglesias, según El País. Sin embargo, la política ha generado protestas en ciudades como Nueva York y Los Ángeles, con 118 detenciones en disturbios en California, según el DHS.
Casos de alto perfil y resistencia judicial
En abril, la jueza Hannah Dugan, de Wisconsin, fue acusada de obstrucción por ayudar a un inmigrante a evadir a ICE, según Bloomberg. Por lo tanto, su caso, donde se declaró no culpable, destaca las tensiones entre jueces y la administración, según AP News. En consecuencia, otros jueces, como Charlotte Sweeney en Colorado, han impuesto restricciones, exigiendo notificaciones de deportación con 21 días de aviso en el idioma natal del migrante, según CBS News. Además, la ACLU celebró esta medida como una defensa del debido proceso, según su director legal, Tim Macdonald.
Temor en comunidades migrantes
Los operativos han disuadido a inmigrantes de buscar ayuda legal, con una caída del 35% en casos de robo de salario en Filadelfia, según Community Legal Services. Por su parte, Amnistía Internacional advirtió que las detenciones masivas violan el derecho internacional al negar el acceso al asilo, según su informe de marzo. En consecuencia, el miedo a ser deportados ha llevado a muchos a evitar tribunales, agravando los 3.7 millones de casos pendientes, según el American Immigration Council. Además, Human Rights Watch documentó deportaciones “erróneas” a terceros países, como la de Kilmar Abrego García a El Salvador, según El País.