En una entrevista reciente, el presidente Donald Trump generó polémica al sugerir que su propuesta de deportaciones masivas podría pasar por alto garantías constitucionales. El núcleo del debate gira en torno a cuál es el debido proceso que Trump duda que los migrantes deban tener y hasta qué punto su plan desafía las normas legales establecidas.
¿Qué implica el debido proceso para migrantes en EE. UU.?
El debido proceso es un derecho constitucional establecido por la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esta cláusula afirma que “nadie” puede ser privado de su libertad sin un procedimiento legal justo, lo cual incluye a personas no ciudadanas, como ha reafirmado la Corte Suprema en múltiples ocasiones. Para los migrantes, esto significa tener al menos la oportunidad de:
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Presentarse ante un juez de inmigración.
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Ser informado de las razones de su deportación.
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Contar con representación legal (aunque no sea pagada por el Estado).
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Presentar pruebas o apelar una decisión.
Sin embargo, durante su entrevista, Trump expresó dudas sobre si los migrantes deberían contar con ese proceso. Ante la pregunta directa sobre si apoya ese derecho básico, respondió: “No lo sé. No soy abogado”. Estas palabras han provocado preocupación entre expertos constitucionales y organizaciones de derechos humanos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, este 24 de abril de 2025, en Washington. EFE/Al Drago/Pool
El plan de Trump y el intento de acelerar deportaciones sin audiencias
La propuesta de Trump busca lo que él llama “la mayor operación de deportación en la historia del país”. Su administración presiona para eliminar el paso judicial y expulsar rápidamente a quienes sean acusados de pertenecer a grupos criminales como el Tren de Aragua o la MS-13.
Para justificarlo, Trump ha sugerido utilizar leyes como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que históricamente solo se ha aplicado en contextos de guerra. Esta ley permitiría —según su interpretación— expulsar a personas sin necesidad de un proceso judicial, tratándolas como amenazas a la seguridad nacional.
En la práctica, esto significa negar a los migrantes el derecho a defenderse ante un juez, lo que contradice décadas de precedentes legales. La Corte Suprema ha bloqueado recientemente varios intentos de aplicar esta política, señalando que el gobierno no puede ignorar los derechos procesales básicos.
Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/Jim Lo Scalzo
El impacto humano de eliminar el debido proceso para migrantes
Casos como el de Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado a pesar de una orden judicial que impedía su expulsión, ilustran las consecuencias de estas políticas. Acusado sin pruebas de ser miembro de la MS-13, su expulsión violó una decisión judicial previa y dejó a su familia en Estados Unidos sin amparo.
Otros migrantes han sido subidos a autobuses con rumbo a centros de detención o incluso a vuelos sin tener la oportunidad de hablar con un juez o defender su situación legal. Todo esto ocurre bajo el argumento de que respetar el debido proceso ralentiza las deportaciones, una justificación que muchos consideran incompatible con los principios constitucionales.
¿Puede un presidente ignorar el debido proceso para migrantes?
Legalmente, no. Pero Trump ha mostrado disposición a desafiar las interpretaciones tradicionales de la ley. Al afirmar que fue “elegido para sacar a estas personas del país” y que “los tribunales lo impiden”, está dejando en claro que ve al debido proceso como un obstáculo, no como un principio esencial del Estado de derecho.
Varios jueces ya han advertido que intentar modificar estas garantías sin pasar por el Congreso o sin respetar decisiones judiciales puede ser inconstitucional. No obstante, Trump ha mantenido su postura, incluso si eso significa enfrentarse a la Corte Suprema o presionar a su favor con nuevas nominaciones judiciales.
