Los Ángeles reanudó la transferencia de reclusos a ICE durante mayo y junio, en medio de un debate creciente sobre las leyes santuario en California. Aunque estas limitan la cooperación con autoridades migratorias, la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmó que se han transferido al menos 20 personas a la custodia de ICE bajo órdenes judiciales firmadas por jueces federales, una práctica que, según las autoridades, está permitida por la ley estatal.
ICE y leyes santuario: ¿se contradicen o se complementan?
El alguacil del condado, Robert Luna, aseguró en una conferencia de prensa el 17 de julio que las transferencias se realizan únicamente cuando ICE presenta una orden judicial firmada por un juez. “Esto es coherente con la ley de California y con la política del condado”, afirmó Luna, quien también expresó que su departamento “no tiene otra opción” más que cumplir con las órdenes judiciales federales.
Este tipo de cooperación ha generado inquietud en sectores que defienden las leyes santuario, pues consideran que ICE está encontrando mecanismos legales para continuar las deportaciones aun en estados que buscan limitar su influencia. Las leyes santuario, como la SB 54 en California, impiden que la policía local colabore con ICE en temas civiles de inmigración, pero no anulan la obligación de cumplir con órdenes emitidas por jueces federales.
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Las transferencias recientes de reclusos a ICE en Los Ángeles
Vista de fotografías de inmigrantes con antecedentes, luego de su arresto por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Florida. EFE/Cristónal Herrera
Durante mayo y junio, la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles transfirió a 20 personas a ICE. Los registros revisados por el Los Angeles Times indican que ocho transferencias ocurrieron en mayo y doce en junio. Los detenidos enfrentaban cargos por delitos graves como intento de asesinato, violación, robo y agresión sexual.
La mayoría de los transferidos eran originarios de México (11 personas), seguidos por seis de Guatemala y uno de cada uno de los siguientes países: Colombia, El Salvador y Honduras. Sus edades oscilaban entre los 19 y los 63 años.
Esta es la primera vez que el condado realiza este tipo de entregas desde principios de 2020, cuando se reportaron 43 transferencias. La cifra representa una disminución significativa respecto a 2019, cuando 457 personas fueron transferidas durante el primer mandato del presidente Donald Trump.
¿Qué significa esta práctica para los migrantes en ciudades santuario?
Aunque la administración del presidente Joe Biden ha evitado una retórica migratoria tan dura como la de su predecesor, las herramientas legales desarrolladas por la era Trump siguen vigentes. De hecho, la mayoría de las transferencias recientes en Los Ángeles se realizaron con órdenes judiciales emitidas durante ese periodo.
Fotografía de archivo de un grupo de oficiales de la Policía de Los Ángeles arrestando a una persona durante protestas cerca del Edificio Federal Edward R. Roybal en Los Ángeles, California, EE.UU. EFE/ Caroline Brehman
Funcionarios como el Inspector General del condado de Los Ángeles, Max Huntsman, sostienen que no existe un conflicto legal entre las leyes santuario de California y la obligación de cumplir con órdenes judiciales federales. “Pese a la retórica santuario, no conocemos ningún conflicto entre las leyes de California y la ley federal en este punto”, dijo al Los Angeles Times.
Las autoridades insisten en que los casos recientes cumplen con los lineamientos legales, tanto estatales como federales. Según Luna, las órdenes judiciales “son un vehículo eficaz y pacífico para transferir a personas que han cometido crímenes graves o violentos”.
Opiniones encontradas sobre el papel de ICE en California
Organizaciones proinmigrantes han señalado que este tipo de acciones contradicen el espíritu de las leyes santuario, que buscan proteger a las comunidades migrantes de la deportación masiva. Sin embargo, las autoridades argumentan que los procesos se han realizado respetando los canales legales apropiados.
El caso ha generado controversia también porque algunos de los detenidos aún no han sido condenados. Por ejemplo, uno de los reclusos transferidos tenía una sentencia de seis años por homicidio voluntario, otro había sido arrestado por violencia doméstica en mayo, y un tercero cumplía una condena de 99 días por violar su libertad condicional.
Hasta ahora, ICE no ha hecho declaraciones públicas sobre si continuará solicitando estas transferencias bajo el mismo mecanismo judicial, pero la práctica podría extenderse a otros condados si se valida como una vía legal viable para continuar con la cooperación migratoria en estados con políticas restrictivas.