El presidente Donald Trump intensificó su ofensiva contra las ciudades santuarios al firmar una orden ejecutiva el 28 de abril de 2025, destinada a penalizar a jurisdicciones que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. La medida, anunciada desde la Casa Blanca, ordena al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional identificar y publicar una lista de ciudades y estados que, según el gobierno, obstruyen la aplicación de las leyes migratorias.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió la acción como un paso crucial para “proteger a las comunidades estadounidenses de delincuentes extranjeros”. La orden, parte de una serie de tres firmadas ese día, busca restringir fondos federales a estas jurisdicciones y abre la puerta a acciones legales contra funcionarios locales, generando tensiones con gobiernos municipales y estatales que defienden políticas de protección a inmigrantes indocumentados.
Ciudades Santuarios: Una lista bajo escrutinio
La orden ejecutiva, titulada “Proteger a las Comunidades Estadounidenses de Extranjeros Criminales”, exige que la fiscal general Pam Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem publiquen dentro de 30 días una lista de jurisdicciones consideradas ciudades santuarios. Estas son localidades que, según el gobierno federal, violan leyes como la 8 U.S.C. 1373, al limitar la comunicación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre el estatus migratorio de personas.
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La Casa Blanca señaló que estas políticas representan una “insurrección ilegal” contra la supremacía de la ley federal. Además, la orden instruye a las agencias federales a identificar fondos, como subvenciones y contratos, que podrían suspenderse para presionar a estas jurisdicciones. Sin embargo, un fallo reciente del juez federal William Orrick, emitido el 25 de abril de 2025, bloqueó temporalmente los intentos de la administración Trump de retener fondos a ciudades como San Francisco, citando violaciones constitucionales.
Reacciones y desafíos legales
La medida ha generado una ola de críticas entre defensores de los derechos de los inmigrantes y autoridades locales. Ciudades como Chicago, Nueva York y San Francisco, que han adoptado políticas de no cooperación con ICE, están preparando respuestas legales. El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció el 25 de abril que el estado demandará si se interrumpen los fondos federales, respaldándose en victorias judiciales previas que protegieron las políticas de ciudades santuarios durante el primer mandato de Trump.
La oficina de prensa de la Casa Blanca defendió la orden, argumentando que las jurisdicciones que no cumplen “ponen en riesgo la seguridad pública al proteger a delincuentes”. Por otro lado, el zar de inmigración Tom Homan advirtió que ciudades como Boston enfrentarán consecuencias severas, incluyendo un aumento en la presencia de agentes federales, si persisten en sus políticas de no cooperación. La orden también contempla posibles cargos por obstrucción de justicia contra funcionarios locales, como se vio en el arresto de una jueza en Milwaukee el 25 de abril, acusada de interferir con un arresto migratorio.
Impacto en comunidades inmigrantes
La comunidad inmigrante enfrenta un creciente temor ante la posibilidad de redadas y deportaciones masivas. La orden ejecutiva se suma a otras medidas de Trump, como la declaración de emergencia nacional en la frontera sur y la suspensión de programas de parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, implementadas desde enero de 2025.
Según la oficina de estadísticas de la Patrulla Fronteriza, los arrestos de migrantes en la frontera cayeron a 7,200 en marzo de 2025, el nivel más bajo desde 2000, pero las detenciones en el interior del país han aumentado, con 48,000 personas en centros de ICE a principios de abril, superando la capacidad financiada. Organizaciones de derechos humanos advierten que la estigmatización de las ciudades santuarios podría reducir la confianza de los inmigrantes en las autoridades locales, afectando la denuncia de crímenes y el acceso a servicios públicos.
Mientras, el gobierno de Trump planea usar instalaciones como Fort Bliss y Guantánamo para albergar a más detenidos. Los próximos pasos incluyen una votación en la Cámara de Representantes sobre la “Ley de No Rescate para Ciudades Santuarios”, que reforzaría las sanciones contra estas jurisdicciones.
La ofensiva contra las ciudades santuarios reaviva un debate polarizado en Estados Unidos. Mientras el gobierno federal insiste en la necesidad de uniformidad en la aplicación de las leyes migratorias, las jurisdicciones locales defienden su autonomía y el derecho de proteger a sus residentes.
La batalla legal apenas comienza, con demandas pendientes en tribunales federales y una creciente movilización de activistas. Los inmigrantes, atrapados en el centro de esta pugna, enfrentan un futuro incierto mientras las ciudades santuarios evalúan cómo resistir las presiones de la administración Trump. Los ciudadanos pueden encontrar más información sobre políticas migratorias en el sitio oficial del Departamento de Seguridad Nacional.
