El 1 de mayo, el centro de detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, comenzó a operar bajo la gestión de la empresa privada GEO Group, en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos. La inauguración de este centro ha generado una ola de controversia y protestas, tanto a nivel local como nacional, siendo un tema candente en el debate sobre la inmigración en el país.
Un centro de detención en el corazón de Newark
Delaney Hall tiene la capacidad de albergar hasta 1.000 detenidos, y se encuentra en una zona industrial en la bahía de Newark, cerca de una prisión del condado. El centro será operado por GEO Group, con un acuerdo de 15 años entre esta empresa y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El valor del contrato firmado entre ambas entidades asciende a mil millones de dólares.
Antes de ser convertido en un centro de detención, Delaney Hall funcionaba como un centro de transición, pero ahora su rol está marcado por el aumento de las deportaciones de inmigrantes que residen de manera ilegal en Estados Unidos.
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La oposición local a Delaney Hall
Uno de los puntos más controvertidos ha sido la oposición del alcalde de Newark, Ras Baraka, quien ha cuestionado la legalidad de la operación del centro, señalando que no se contaba con los permisos municipales adecuados. Baraka ha argumentado que el centro no cumplía con los requisitos de la ciudad, como el certificado de ocupación, y que la construcción de las instalaciones no había sido debidamente inspeccionada.
Los documentos legales presentados por la ciudad indican que las inspecciones realizadas en Delaney Hall revelaron varios problemas en las instalaciones, como la falta de enchufes con conexión a tierra en varias habitaciones y la necesidad de realizar trabajos eléctricos en la entrada. A pesar de estos problemas, se confirmó que los extintores estaban en condiciones adecuadas y que las señales de salida cumplían con los estándares.
Foto: IVÁN MEJÍA/EFE
Delaney Hall: ¿una amenaza a los derechos humanos?
Para el alcalde Baraka, la apertura de Delaney Hall no es solo una cuestión de cumplimiento con las normativas locales, sino que también involucra serios cuestionamientos sobre los derechos humanos y constitucionales. En declaraciones recientes, Baraka calificó la apertura del centro como una amenaza al debido proceso, y resaltó que podría vulnerar los principios establecidos en la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
“No es un asunto de demócratas ni republicanos, es un asunto de derechos humanos”, señaló Baraka, quien también intentó ingresar al centro en dos ocasiones, pero no tuvo éxito. Su postura ha movilizado a diversos grupos locales y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que se oponen al funcionamiento del centro.
Foto: IVÁN MEJÍA/EFE
La postura de GEO Group ante la controversia
Por su parte, GEO Group ha defendido la legalidad de la operación de Delaney Hall, asegurando que las críticas del alcalde Baraka tienen tintes políticos. La empresa señaló que la ciudad no presentó objeciones cuando el centro fue utilizado como un centro de procesamiento de inmigrantes durante la administración de Barack Obama. Además, GEO Group destacó los beneficios económicos que la operación del centro traerá a Newark, como la creación de cientos de empleos sindicalizados con un salario promedio anual de 105.000 dólares y una contribución estimada de 50 millones de dólares a la economía local.
En cuanto a las críticas sobre la construcción y el funcionamiento del centro, GEO Group argumentó que todo estaba en regla y que las deficiencias señaladas por las inspecciones serían subsanadas sin mayores complicaciones.
