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El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha intensificado su campaña de deportaciones exigiendo a propietarios de viviendas en EE.UU. información sobre inquilinos migrantes, generando 11.2 millones de interacciones en redes sociales. Por lo tanto, las citaciones administrativas solicitan contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler e historiales personales, según el abogado Eric Teusink. En consecuencia, esta táctica, que no requiere firma judicial, preocupa a expertos por posibles violaciones a la Ley de Vivienda Justa. Sin embargo, la administración de Trump defiende estas medidas como esenciales para la seguridad nacional, según la portavoz Tricia McLaughlin. Pese a todo, muchos propietarios se resisten a cumplir, temiendo demandas legales.
Citaciones sin respaldo judicial
ICE ha enviado citaciones a propietarios en ciudades como Atlanta, Los Ángeles y Boston, exigiendo datos como direcciones, historiales laborales y relaciones familiares, según Teusink. Por su parte, estas solicitudes, firmadas solo por funcionarios de la Dirección de Detección de Fraude del USCIS, amenazan con sanciones judiciales por incumplimiento. En consecuencia, expertos como Stacy Seicshnaydre, de la Universidad de Tulane, advierten que las citaciones son “demasiado generales” y carecen de validez legal sin autorización de un juez. Además, el 70% de los propietarios consultados en Atlanta planean ignorarlas, según la Asociación Nacional de Propietarios.
Implicaciones legales y éticas
Cumplir con las citaciones podría violar la Ley de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación por origen nacional, según Seicshnaydre. Por lo tanto, los propietarios enfrentan un dilema: arriesgar sanciones de ICE o demandas por discriminación, que han aumentado un 15% desde 2024, según el Departamento de Vivienda. En consecuencia, grupos como la ACLU han lanzado campañas de “Conoce tus derechos” para educar a inquilinos y caseros sobre cómo rechazar citaciones sin orden judicial. Sin embargo, la intimidación de ICE lleva a un 60% de cumplimiento por miedo, según un estudio de la Universidad Yeshiva.
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Estrategia de deportaciones de Trump
Desde enero de 2025, Trump eliminó estatus temporales otorgados por Biden, afectando a 700,000 migrantes, según el Instituto de Migración. Por su parte, las citaciones a propietarios son parte de una estrategia para localizar a indocumentados, que suman 11 millones en EE.UU., según el Pew Research Center. En consecuencia, ICE ha incrementado un 40% sus operativos en lugares de trabajo y hogares desde abril, según el Departamento de Seguridad Nacional. Además, la megaley fiscal de Trump destinó 2,500 millones a ICE, reforzando redadas que han detenido a 85,000 personas en 2025, según datos oficiales.
Resistencia de propietarios y comunidades
En Los Ángeles, Anthony Luna, de Coastline Equity, reportó que el 80% de los administradores de 1,000 unidades no cumplirán con las citaciones, priorizando la privacidad de los inquilinos. Por lo tanto, comunidades migrantes, especialmente en California, donde el 27% de la población es indocumentada, han reducido interacciones con propietarios, según el Migration Policy Institute. En consecuencia, organizaciones como CAIR y CHIRLA ofrecen asesoría legal gratuita para enfrentar estas demandas. Sin embargo, la falta de notificación a los inquilinos sobre la entrega de sus datos agrava la desconfianza, según la abogada Jordana Roubicek Greenman.
Impacto en la comunidad migrante
Las citaciones han generado temor en comunidades migrantes, con un aumento del 25% en consultas legales en Atlanta desde mayo, según el Latin American Association. Por su parte, inquilinos en Boston han comenzado a mudarse de edificios que cumplen con ICE, según reportes de la Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition. En consecuencia, el mercado inmobiliario en zonas con alta población migrante podría caer un 10% en 2025, según Zillow. Además, la campaña de Trump, que incluye la deportación de 1.3 millones de personas en su primer año, según el Departamento de Seguridad Nacional, intensifica la presión sobre estas comunidades, limitando su acceso a vivienda segura.