Un oficial de policía de reserva en Old Orchard Beach, Maine, fue arrestado el 25 de julio de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras intentar comprar un arma de fuego ilegalmente. Jon Luke Evans, un ciudadano jamaicano que trabajaba para el Departamento de Policía local, desató una controversia que pone en el centro las políticas migratorias del presidente Donald Trump y los fallos en los procesos de contratación. El caso ha generado críticas por las duras medidas migratorias de la administración y cuestionamientos sobre el sistema federal de verificación de empleo.
Un arresto que sacude Maine
Jon Luke Evans ingresó legalmente a Estados Unidos el 24 de septiembre de 2023 a través del Aeropuerto Internacional de Miami, pero violó los términos de su visa al no salir del país el 1 de octubre de ese año, según un comunicado de ICE. Contratado en mayo de 2025 como oficial de reserva para la temporada de verano en Old Orchard Beach, Evans intentó comprar un arma de fuego, lo que activó una alerta de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Los agentes de ICE, en colaboración con la ATF, lo detuvieron en Biddeford. Evans admitió que buscaba el arma para su trabajo policial, según la directora interina de ICE ERO Boston, Patricia H. Hyde, quien calificó el caso como “trágico”.
Por su parte, la jefa de policía de Old Orchard Beach, Elise Chard, defendió el proceso de contratación, afirmando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) verificó la autorización de trabajo de Evans el 12 de mayo de 2025 a través del programa E-Verify. Su documento de autorización de empleo (I-766) tenía vigencia hasta marzo de 2030. “Estamos consternados por este aparente error del gobierno federal”, dijo Chard, señalando que el departamento no fue notificado directamente del arresto y lo supo por un comunicado de ICE. Maine, uno de los 12 estados que permiten a no ciudadanos con autorización trabajar en la policía, exige a los oficiales de reserva los mismos controles de antecedentes que a los de tiempo completo.
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Políticas migratorias bajo escrutinio
La detención de Evans se enmarca en la promesa de Trump de deportar a millones de inmigrantes indocumentados, una prioridad de su administración que ha intensificado las redadas de ICE. En 2024, ICE reportó 700,000 detenciones migratorias, un aumento del 25% respecto a 2023, según el Transactional Records Access Clearinghouse. La Casa Blanca ha calificado a todos los indocumentados como “delincuentes”, una postura que críticos, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, consideran que siembra miedo en comunidades vulnerables. Hyde afirmó que el caso de Evans, a quien se le emitió un arma policial, evidencia un “peligro” para la seguridad pública, acusando al departamento de policía de violar la ley al contratarlo.
Sin embargo, el caso revela fallos en el sistema federal. El DHS aprobó a Evans como apto para trabajar, lo que permitió su contratación. Chard anunció una investigación interna para revisar los procedimientos y evitar futuros errores. Este no es un caso aislado: en abril de 2025, ICE arrestó a Gratien Milandou Wamba, un ciudadano congoleño empleado como oficial penitenciario en Falmouth, Maine, también por intentar comprar un arma ilegalmente. Ambos casos han generado cuestionamientos sobre el programa E-Verify, que verificó erróneamente el estatus de ambos.
Reacciones y consecuencias
Pese a todo, el arresto ha avivado el debate sobre las políticas migratorias de Trump, cuya aprobación es del 46% según Gallup. Organizaciones comunitarias en Maine han criticado las redadas de ICE, argumentando que afectan a personas integradas en sus comunidades. En Old Orchard Beach, un destino turístico que requiere más policías en verano, los oficiales de reserva como Evans patrullan a pie o en bicicleta y usan armas emitidas por el departamento, que deben devolverse al final del turno. La policía local aclaró que Evans no estaba autorizado a portar armas personales.
Mientras tanto, ICE planea intensificar sus operativos en Nueva Inglaterra, enfocándose en individuos en roles de seguridad pública. La controversia, que ha captado atención nacional, pone en tela de juicio la coordinación entre agencias federales y locales, así como la efectividad de los sistemas de verificación migratoria. Con una investigación en curso y crecientes críticas, el caso de Evans podría influir en el debate sobre inmigración y seguridad pública en un año políticamente cargado.