Acusan a alguacil de Colorado de colaborar con ICE

El alguacil del condado de Mesa, Alexander Zwink, fue demandado por el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, por presuntamente colaborar con ICE al compartir información personal de una joven automovilista con agentes de inmigración. La acusación señala que Zwink violó leyes estatales que impiden a las fuerzas del orden entregar datos confidenciales a agencias federales de inmigración.

Acusan a alguacil de Colorado de vulnerar leyes estatales

La denuncia presentada por el fiscal general sostiene que el alguacil Alexander Zwink compartió, de forma ilegal, información de identificación personal con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La información correspondía a Caroline Dias Goncalves, una joven brasileña de 19 años que ha vivido en Estados Unidos desde 2012.

La entrega de los datos ocurrió a través de un grupo de chat en la aplicación Signal, en el que participaban agentes federales, estatales y locales. La acción desencadenó un proceso de detención migratoria contra la joven, quien ahora enfrenta una posible deportación.

Weiser enfatizó que el alguacil violó la ley HB19-1124, aprobada en 2019 en Colorado, la cual prohíbe explícitamente que las autoridades estatales cooperen con ICE o compartan información que no esté autorizada por una orden judicial.

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Alexander Zwink, fue demandado por el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, por presuntamente colaborar con ICE. Foto: X/@libsoftiktok

Demandan a alguacil en Colorado por actuar contra conductora

El incidente comenzó cuando Caroline fue detenida por el agente del condado de Mesa debido a una supuesta infracción menor de tránsito: conducir muy cerca de un camión. Aunque en ese momento solo recibió una advertencia y fue liberada, días después fue detenida por ICE, sin orden judicial ni cargos adicionales.

La conexión entre su detención y el chat en Signal levantó sospechas sobre un posible patrón de colaboración entre autoridades locales y agentes federales, lo que va en contra de la política estatal de no cooperación migratoria.

Según los reportes, el chat donde se compartió la información tenía como objetivo principal la coordinación de operativos antidrogas en el oeste de Colorado. Sin embargo, funcionarios del condado reconocieron que no estaban al tanto de que también se abordaran temas migratorios en ese espacio.

Colaboración con ICE genera rechazo y medidas internas

La oficina del alguacil del condado de Mesa admitió que miembros del personal habían participado en dicho grupo de Signal. A raíz de la denuncia, el departamento declaró que retiró a todos sus agentes del grupo de chat y expresó que no sabían que se usaba para compartir datos con propósitos migratorios.

«Desde entonces, hemos eliminado a nuestros oficiales del grupo de comunicación para evitar malentendidos y proteger la integridad de la información», indicó un portavoz de la oficina del alguacil.

Esta situación ha generado preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes y organizaciones locales, quienes aseguran que la conducta de Zwink pone en riesgo la confianza entre las comunidades latinas e indocumentadas y las fuerzas del orden.

ICE en Colorado bajo nuevas reglas migratorias

El caso resalta el clima de tensión que persiste en varios estados tras el regreso de políticas migratorias más estrictas impulsadas por la administración de Donald Trump. Aunque Colorado ha sido uno de los estados que ha adoptado leyes para proteger a los inmigrantes indocumentados, este tipo de incidentes muestra que aún hay brechas entre lo que establecen las leyes y lo que ocurre en la práctica.

ICE ha sido criticado en múltiples ocasiones por utilizar canales informales de comunicación y colaboración con autoridades locales, a pesar de las restricciones estatales. En este contexto, la demanda contra el alguacil Zwink se convierte en un caso emblemático que podría marcar un precedente en la aplicación de las leyes estatales de privacidad e inmigración.

Abogados defensores de Caroline Dias Goncalves han señalado que el proceso de deportación en su contra fue activado únicamente por la acción ilegal del alguacil, y que sin esa información, ICE no habría tenido motivos para detenerla.

Por ahora, el caso continúa en investigación y podría abrir la puerta a sanciones legales más severas si se comprueba que hubo una violación sistemática de las políticas estatales. El fiscal general Weiser reiteró que “ningún funcionario en Colorado está por encima de la ley, y proteger la privacidad de las personas es una prioridad del estado”.

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