Sheinbaum impulsa ley que prohíbe mensajes de gobiernos extranjeros en medios

Sheinbaum impulsa ley que prohíbe mensajes de gobiernos extranjeros en medios

El Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, presentó al Senado una iniciativa que busca transformar el marco regulatorio de las telecomunicaciones, otorgando al Ejecutivo mayor control sobre los contenidos que se transmiten en radio y televisión, incluyendo restricciones a mensajes de gobiernos extranjeros como los de Estados Unidos.

Anuncios de Trump motivan la reforma

La propuesta surge tras la difusión en televisión abierta de anuncios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) durante partidos de fútbol de la Liga MX. En dichos spots, se advierte a “criminales extranjeros” que serán perseguidos si intentan cruzar la frontera. Estos mensajes fueron considerados ofensivos y descontextualizados por sectores del gobierno mexicano, que vieron en ellos un intento de injerencia y propaganda política en medios nacionales.

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Multas a concesionarios que transmitan mensajes extranjeros

La iniciativa enviada al Senado contempla sanciones económicas a las televisoras mexicanas que difundan contenidos de gobiernos extranjeros sin autorización. El texto establece que “se impondrán multas de hasta el cinco por ciento de los ingresos anuales a los concesionarios que transmitan propaganda de gobiernos extranjeros”, salvo excepciones como la promoción cultural o turística.

Estas medidas formarían parte de la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual concentrará el poder regulador en una nueva entidad dependiente del Ejecutivo: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, creada en noviembre de 2024 y dirigida por José Antonio Peña Merino.

Adiós al IFT: centralización del poder en el Ejecutivo

Con esta reforma, se elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano constitucional autónomo, transfiriendo sus funciones al Poder Ejecutivo. Entre estas se incluyen la administración del espectro radioeléctrico, la supervisión de servicios, la asignación de concesiones y la aplicación de sanciones.

El documento detalla que la Agencia también podrá “emitir disposiciones administrativas y ordenamientos técnicos en materia de radiocomunicaciones espaciales, plataformas de gran altitud y servicios satelitales”. Además, se le otorgará la capacidad de realizar pruebas tecnológicas utilizando cualquier banda disponible.

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Impacto en radios comunitarias y libertad de expresión

La reforma también afectaría a las concesiones sociales, como radios comunitarias, al establecer que “la solicitud y el otorgamiento de concesiones podrían derivar en la acumulación de este recurso, limitando su disponibilidad para otros actores”. Esto ha generado preocupaciones sobre la libertad de expresión y el acceso equitativo al espectro por parte de medios alternativos o comunitarios.

Especialistas advierten sobre concentración de poder

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), advirtió que esta reforma representa un movimiento para centralizar el control del sector en la Presidencia. “Lo que busca es fortalecer la institucionalidad de la Agencia, pero al eliminar al IFT se pierde un contrapeso clave”, dijo a El Sol de México.

Bravo también señaló que la nueva Agencia podría tener la facultad de bloquear plataformas digitales si estas no cumplen con las nuevas disposiciones. “Eso abre la puerta a una regulación más restrictiva y menos independiente”, puntualizó.

Reacciones de la industria: sin respuesta aún

Hasta el momento, las principales empresas del sector, así como organismos como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Tecnologías de la Información (Canieti), no han emitido una postura pública respecto a la iniciativa.

La propuesta de reforma sigue generando debate en sectores académicos, políticos y empresariales. Aunque desde el Ejecutivo se insiste en que el objetivo es cerrar la brecha digital y asegurar la conectividad nacional, críticos advierten que podría usarse para controlar el discurso público y limitar la pluralidad en los medios de comunicación.

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