El municipio de Teuchitlán, en el estado de Jalisco, se ha convertido en el epicentro de una investigación que ha sacudido a México. El alcalde José Ascensión Murguía Santiago fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a su presunta vinculación con el Rancho Izaguirre, un lugar que habría sido utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de operaciones y reclutamiento.
El caso cobró notoriedad pública en marzo de 2025 cuando colectivos de madres buscadoras descubrieron restos óseos, ropa y rastros de hogueras en la propiedad, calificándola como un centro de exterminio. Aunque el lugar ya había sido intervenido brevemente en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional, no fue investigado a fondo hasta que las madres rastreadoras alertaron de su uso criminal.
La investigación ha estado marcada por contradicciones entre autoridades: mientras el fiscal general Alejandro Gertz Manero asegura que no hay pruebas de cremación, estudios satelitales de la Secretaría de Ciencia apuntan a quemas alimentadas con hidrocarburos.
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El Rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad de La Estanzuela, fue descubierto por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco tras recibir una denuncia anónima. En el lugar, encontraron aproximadamente 200 pares de zapatos, cientos de prendas de vestir y restos humanos calcinados. Este descubrimiento reveló que el rancho funcionaba como un centro de adiestramiento y exterminio operado por el CJNG.
El alcalde Murguía Santiago ha negado tener conocimiento de las actividades ilícitas en el rancho, afirmando que no recibió informes al respecto y que el predio se encuentra alejado de la cabecera municipal . Sin embargo, testimonios y evidencias apuntan a una posible complicidad o, al menos, omisión por parte de las autoridades locales.
La FGR asumió el control del Rancho Izaguirre en marzo de 2025, elevando el caso a nivel federal. Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, indicó que esta acción se produjo tras la detención de José Gregorio ‘N’, alias ‘El Lastra’, acusado de delincuencia organizada y de reclutar para el CJNG.
El caso ha generado críticas hacia las autoridades locales y estatales por su falta de acción y posibles omisiones. La sociedad civil, incluidos colectivos de búsqueda y la Iglesia católica, ha exigido justicia y transparencia en la investigación.
El Rancho Izaguirre se ha convertido en un símbolo del horror del narcotráfico en México, evidenciando la magnitud de la violencia en la región y la existencia de otros centros similares en Jalisco.
La detención del alcalde Murguía Santiago es un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado y la impunidad en México. Sin embargo, el caso también pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia y rendición de cuentas por parte de las autoridades para prevenir futuras tragedias.
Caso Rancho Izaguirre: posición del Estado frente a la de madres buscadoras
El caso del Rancho Izaguirre ha evidenciado una profunda distancia entre la narrativa oficial del Estado mexicano y el testimonio crudo de los colectivos de madres buscadoras. Mientras que las autoridades federales, particularmente la Fiscalía General de la República (FGR), han intentado mantener una postura cautelosa y legalista, las buscadoras han expuesto con crudeza el abandono institucional, la revictimización y la falta de empatía del gobierno frente a la crisis forense y de desapariciones que atraviesa el país.
En entrevistas públicas, el fiscal Alejandro Gertz Manero ha negado que en el Rancho Izaguirre haya existido un “centro de exterminio” como tal, minimizando los hallazgos de restos óseos, prendas quemadas y posibles hornos clandestinos. Sin embargo, imágenes satelitales reveladas por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco mostraron actividad térmica compatible con quema de alta intensidad, lo cual contradice las declaraciones de la FGR. Esta contradicción ha generado desconfianza y enojo en los colectivos de búsqueda.
Por su parte, las buscadoras, encabezadas por el colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco, han sostenido que el Estado ha llegado tarde y mal. Ellas fueron las primeras en descubrir los vestigios del horror en el rancho, sin acompañamiento inicial de autoridades. Su denuncia, basada en una labor artesanal de rastreo y denuncia, obligó a las autoridades a intervenir de forma más decidida. «Nosotras hicimos lo que ellos no quisieron hacer: buscar a nuestros desaparecidos», declaró una de las voceras del colectivo en una rueda de prensa.
Además, acusan a las autoridades estatales de obstaculizar su labor, negándoles información y acceso a zonas de búsqueda, y de querer “lavarse las manos” con comunicados ambiguos. También exigen que el predio de Rancho Izaguirre sea resguardado de manera permanente y transformado en un memorial de víctimas, algo que el gobierno aún no ha garantizado.
La diferencia de enfoque es notoria: mientras el Estado prioriza el discurso de legalidad y control, las buscadoras apelan a la verdad, el duelo y la memoria. La brecha entre ambas posturas representa uno de los desafíos más urgentes en el México de hoy: ¿cómo puede un gobierno construir justicia real cuando ignora o minimiza la experiencia directa de quienes buscan a sus desaparecidos?
