El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, evalúa emprender acciones legales contra la empresa SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk, por los impactos ambientales y de seguridad derivados del lanzamiento del cohete Starship. El más reciente incidente, ocurrido el 18 de junio de 2025, provocó una serie de consecuencias que han despertado la preocupación de autoridades federales, ambientalistas y comunidades fronterizas.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum confirmó que su administración está revisando la legislación internacional aplicable y recopilando información sobre los posibles daños provocados por los desechos espaciales que cayeron en territorio mexicano, específicamente en las playas de Tamaulipas.
“Estamos haciendo una revisión de las leyes que podrían estarse violando para iniciar, si corresponde, una demanda formal contra SpaceX”, aseguró la mandataria. Agregó que su gabinete ya trabaja en el análisis de los impactos que generan estos lanzamientos desde instalaciones muy cercanas a la frontera con Estados Unidos.
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México vs. SpaceX: La caída de basura espacial preocupa en Tamaulipas
El 18 de junio, el cohete Starship despegó desde la base de lanzamiento ubicada en Boca Chica, Texas, a menos de tres kilómetros de la frontera con México. Aunque el lanzamiento fue inicialmente exitoso, el propulsor del cohete explotó al reingresar en la atmósfera, desintegrándose en cientos de fragmentos que, arrastrados por las corrientes marinas, terminaron en las costas de Matamoros, en la playa Bagdad.
Fotografía de archivo de la plataforma de lanzamiento de cohetes de SpaceX, en la ciudad de Starbase a las afueras de Brownsville, en el sur de Texas (EE.UU.). EFE/ Alejandra Arredondo
Los restos encontrados incluían caucho, aluminio, silicona, tanques de enfriamiento y piezas plásticas utilizadas en el ensamblaje del cohete. Aunque las autoridades locales y la Secretaría de Medio Ambiente actuaron con rapidez para retirar los residuos visibles, expertos han alertado que podrían quedar micropartículas esparcidas en el ecosistema costero.
Las consecuencias ya son visibles: la liberación planificada de 10.000 crías de tortuga Lora, especie en peligro de extinción, ha sido suspendida hasta que se garantice la seguridad del área. Ambientalistas temen que la micro basura espacial afecte tanto la reproducción de estas tortugas como otras especies marinas que habitan la región.
México vs. SpaceX: Impactos ambientales y diplomáticos
El caso no solo ha generado alarma ambiental, sino también tensiones diplomáticas. La presidenta Sheinbaum señaló que su gobierno se encuentra en constante comunicación con instancias internacionales para determinar si SpaceX ha incurrido en violaciones al derecho ambiental transfronterizo.
Fotografía de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
“Esto no es simplemente un incidente aislado. Nos preocupa que se repita y por eso estamos valorando una respuesta jurídica firme”, expresó. Añadió que, si bien México apoya el desarrollo tecnológico, este no puede estar por encima del bienestar ambiental ni de la soberanía territorial.
Por su parte, organizaciones ambientalistas han solicitado que el Gobierno federal eleve la denuncia a instancias multilaterales como la ONU o la Corte Internacional de Justicia, argumentando que la caída de fragmentos de basura espacial sin control podría violar el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, firmado en 1967 y aún vigente.
Especialistas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) alertaron que algunos materiales encontrados pueden contener compuestos químicos tóxicos capaces de contaminar el suelo, el agua y las cadenas alimenticias. También mencionaron posibles efectos en la salud de las comunidades que habitan cerca de la costa, incluyendo irritaciones cutáneas, afecciones respiratorias y contaminación del agua potable.
México vs. SpaceX: ¿Habrá consecuencias legales para Elon Musk?
Hasta el momento, SpaceX no ha emitido una declaración oficial respecto al incidente en México. Sin embargo, la empresa ya enfrenta cuestionamientos en EE.UU. por los mismos lanzamientos, ya que en varias ocasiones ha sido acusada de dañar ecosistemas cercanos a su base en Texas.
El eventual proceso legal entre México y SpaceX podría sentar un precedente sobre las responsabilidades de las compañías aeroespaciales respecto a los daños causados fuera de sus fronteras. Aunque es poco común que un país demande a una empresa privada extranjera por eventos relacionados con lanzamientos espaciales, expertos en derecho internacional señalan que existen marcos legales que respaldarían la acción mexicana.
La cancillería mexicana ha sido consultada para coordinar el posible procedimiento jurídico internacional, aunque por ahora las gestiones están a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto al equipo jurídico de la Presidencia.
La mandataria mexicana concluyó que no se trata de un conflicto político ni de una medida en contra del desarrollo científico, sino de una defensa legítima del territorio y del medio ambiente nacional. “México no puede ser un vertedero de basura espacial por la negligencia de otros. Si hay leyes, se tienen que respetar”, sentenció.