La directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), Juana Fuentes Velázquez, se encuentra en Ginebra, Suiza, donde planea alertar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el riesgo de infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial de México. Esta grave preocupación se centra en la primera elección judicial de México, programada para el próximo 1 de junio. Fuentes Velázquez advirtió que esta situación podría resultar en la intromisión de actores del crimen organizado en los procesos de selección de jueces y magistrados, lo que comprometería la independencia judicial y la justicia en el país.
¿Por qué el crimen organizado podría infiltrarse en el Poder Judicial?
La alerta de la jueza Fuentes Velázquez está relacionada con la implementación de la polémica reforma judicial impulsada por el gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). La reforma, que está siendo objeto de controversia en varios sectores, permite la selección de nuevos jueces y magistrados en un contexto marcado por el avance del crimen organizado en diversas partes del país. La Jufed sostiene que este contexto pone en peligro los procesos de selección de jueces, pues podrían verse vulnerados por actores que buscan influir en las decisiones judiciales.
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La jueza también expresó su preocupación por cómo esta reforma judicial podría socavar la independencia del poder judicial, lo cual es un principio fundamental para garantizar la justicia en cualquier país. Según Fuentes Velázquez, una elección judicial en este contexto de creciente violencia y corrupción facilitaría la infiltración del crimen organizado en la estructura del Poder Judicial, lo cual tiene implicaciones profundas para la justicia y el estado de derecho en México.
El objetivo de la gira de trabajo de Juana Fuentes Velázquez en Ginebra
Durante su visita a Ginebra, la directora de la Jufed planea reunirse con representantes de varias instituciones internacionales, entre ellas la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite. El objetivo de estos encuentros es informar sobre las «graves violaciones a la independencia judicial» que están ocurriendo en México debido a la reforma judicial y la creciente concentración de poder en el gobierno federal.
Fuentes Velázquez tiene la intención de llevar su denuncia al ámbito internacional, destacando los efectos perjudiciales que la reforma judicial ha tenido en la independencia judicial, especialmente en el contexto de una crisis de derechos humanos. Diversos actores nacionales e internacionales, incluidos organismos como la ONU, han señalado con preocupación la violación de derechos humanos en el país, especialmente en relación con la desaparición forzada de personas y el uso de la violencia por parte de grupos criminales.
Denuncias de violación de resoluciones judiciales
Uno de los puntos clave que Fuentes Velázquez planea exponer es la falta de cumplimiento por parte del gobierno mexicano y de la mayoría de su partido en el Congreso respecto a las resoluciones judiciales que ordenan la detención de la reforma judicial. Según la jueza, el gobierno ha violado de manera sistemática estas resoluciones, lo que se traduce en un «abierto desacato constitucional», evidenciando el desprecio por el orden legal. Esta situación, según la Jufed, refleja un peligroso debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos que debería garantizar el estado de derecho en México.
Fuentes Velázquez ha hecho hincapié en que lo que está en juego no es solo la carrera de los jueces y magistrados, sino la seguridad, la justicia y la libertad de millones de mexicanos. De acuerdo con la jueza, las consecuencias de esta reforma judicial no solo afectan a los integrantes del Poder Judicial, sino también a toda la sociedad mexicana, al socavar la imparcialidad y la eficacia del sistema judicial.
Fotografía de archivo de una protesta contra la reforma al Poder Judicial en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán
La preocupación internacional por la independencia judicial en México
La preocupación por la independencia judicial en México ha sido reiterada por diversos actores internacionales. En 2024, la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su alarma por las «amplias» implicaciones que la reforma judicial podría tener para la independencia del poder judicial en México. Satterthwaite destacó que cualquier cambio en la estructura del poder judicial que no se realice de manera transparente y con la debida garantía de independencia podría poner en peligro la justicia y la imparcialidad en el país.
La situación se ha vuelto aún más crítica debido al contexto de derechos humanos en México, marcado por la desaparición de personas y la violencia de grupos criminales. Estos problemas han sido objeto de denuncia por parte de organizaciones nacionales e internacionales, que han señalado la falta de respuesta efectiva por parte del gobierno federal para abordar estas cuestiones.
Reuniones internacionales para encender las alarmas
Durante su visita a Ginebra, Fuentes Velázquez también planea reunirse con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos internacionales para alertar sobre los crecientes temores en torno a la concentración de poder en el gobierno y el desmantelamiento del sistema de pesos y contrapesos. La jueza advirtió que, si no se toman medidas inmediatas, la democracia mexicana podría verse gravemente afectada, ya que la falta de independencia judicial socava uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático.
En sus reuniones, la directora de la Jufed también discutirá el impacto de la reforma judicial en los derechos laborales de los jueces y magistrados, quienes, según la jueza, se encuentran en una situación de creciente vulnerabilidad debido a las reformas que han recortado sus derechos y autonomía. Fuentes Velázquez destacó que la reforma judicial ha generado un clima de incertidumbre y temor dentro del Poder Judicial, lo que afecta directamente el ejercicio de la justicia en México.
