La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado a la Fiscalía de Jalisco por presuntas omisiones en la investigación del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Este sitio es considerado un posible centro de exterminio del crimen organizado.
Desde septiembre de 2024, las autoridades estatales no realizaron un análisis exhaustivo del sitio, lo que retrasó el hallazgo de más de 1,300 objetos personales y restos óseos. La FGR tomó el control del caso y ordenó una investigación sobre posibles negligencias en la actuación de la fiscalía local.
El Rancho Izaguirre ha sido señalado por colectivos de búsqueda como un lugar clave en la crisis de desapariciones en Jalisco. Testimonios de familiares de víctimas coinciden en que la falta de acción de las autoridades estatales ha afectado la identificación de restos y el esclarecimiento de lo ocurrido en la zona.
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FGR detecta omisiones en investigación de Teuchitlán
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, criticó la gestión de la Fiscalía de Jalisco y acusó la falta de inspecciones en el Rancho Izaguirre durante seis meses. Entre las irregularidades mencionadas están la ausencia de inspecciones forenses, la falta de procesamiento de vehículos encontrados y la omisión en la recolección de pruebas clave.
Colectivos de búsqueda han denunciado en diversas ocasiones que la falta de diligencia por parte de las autoridades estatales ha generado un clima de impunidad en Jalisco. «Hemos tenido que hacer el trabajo que deberían hacer ellos», señaló una integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
Descubrimientos en el Rancho Izaguirre
A inicios de marzo de 2025, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontraron más de 1,300 objetos personales en el rancho, incluyendo ropa, documentos de identidad y fragmentos óseos. Este hallazgo sugiere que el sitio fue un punto de desaparición y posible ejecución de personas, supuestamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las pruebas encontradas serán sometidas a análisis forense para intentar identificar a las víctimas. Según la FGR, los peritajes permitirán conocer si los restos pertenecen a personas reportadas como desaparecidas en Jalisco y estados vecinos.
Este descubrimiento se suma a la crisis de desapariciones en la región. Actualmente, Jalisco es uno de los estados con más casos de personas no localizadas en México. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, más de 124,000 personas han desaparecido en el país, y Jalisco encabeza la lista.
Investigación de la FGR sobre el caso Teuchitlán
Ante la gravedad de las omisiones detectadas, la FGR ha exigido a la Fiscalía de Jalisco la entrega inmediata de todos los documentos relacionados con la investigación del Rancho Izaguirre. Además, ha solicitado información detallada sobre los procedimientos seguidos por las autoridades estatales.
El equipo forense de la FGR está realizando un análisis exhaustivo del sitio para determinar patrones de actividad criminal. Se han encontrado indicios de procesos de cremación y fosas clandestinas en la zona, lo que refuerza la hipótesis de que el rancho funcionaba como un centro de exterminio.
Familiares de desaparecidos han expresado su preocupación por la tardanza en la investigación y han exigido transparencia en el proceso. «Queremos saber la verdad y que se haga justicia», declaró un padre de familia que busca a su hijo desde 2023.
Violencia en Jalisco y la crisis de desapariciones
El caso del Rancho Izaguirre ha puesto en evidencia el nivel de violencia en Jalisco, una entidad golpeada por la presencia de grupos delictivos. La disputa territorial entre el CJNG y otros grupos criminales ha incrementado los casos de desapariciones forzadas en los últimos años.
Los colectivos de búsqueda han reiterado que los hallazgos en Teuchitlán podrían ser solo la punta del iceberg. Muchas de las víctimas de desaparición en el estado siguen sin ser localizadas, y sus familias exigen un mayor compromiso de las autoridades para esclarecer estos casos.
La FGR ha asegurado que continuará con la investigación y que se tomarán medidas para sancionar a los funcionarios que hayan incurrido en negligencias. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que el reto principal es garantizar justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
