En una nueva ofensiva contra el narcotráfico transnacional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones económicas a tres bancos ligados a cárteles. Se trata de las instituciones financieras con sede en México. Las entidades señaladas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, las cuales —según Washington— habrían facilitado operaciones de lavado de dinero para poderosos cárteles mexicanos vinculados al tráfico de fentanilo.
Esta decisión, anunciada el miércoles 25 de junio, forma parte de un plan más amplio de la administración del presidente Donald Trump para frenar el flujo de drogas sintéticas hacia territorio estadounidense y ejercer mayor presión sobre las redes financieras que las sostienen.
Bancos ligados a cárteles en México en la mira del Tesoro
Michael Faulkender, subsecretario del Tesoro para Financiamiento del Terrorismo, informó que las sanciones tienen como objetivo bloquear ciertas transferencias de dinero entre los bancos mexicanos implicados y las instituciones financieras de Estados Unidos.
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De acuerdo con las autoridades, estas instituciones jugaron un “papel vital” en el lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico, así como en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo.
Entre los grupos criminales beneficiados se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y remanentes de los Beltrán Leyva, todos conocidos por su historial de violencia y su presencia en el tráfico de opioides sintéticos.
Las sanciones implican que cualquier activo financiero de estas entidades que se encuentre bajo jurisdicción estadounidense será congelado, y se prohíbe a personas o empresas estadounidenses entablar relaciones comerciales con ellas.
Cómo operaban los bancos ligados a cárteles en México
Según los documentos del Departamento del Tesoro, CIBanco procesó pagos por más de 2,1 millones de dólares para la compra de productos químicos provenientes de China. Estos materiales eran posteriormente utilizados para producir fentanilo en laboratorios clandestinos dentro de México.
Fotografía de archivo de una persona realizando pruebas en un campo de tiro en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
Por su parte, Intercam Banco habría transferido 1,5 millones de dólares en pagos similares, también relacionados con la importación de precursores químicos desde Asia.
En el caso de Vector Casa de Bolsa, se le acusa de facilitar transferencias para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, además de haber servido como canal para el envío de sobornos multimillonarios al exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, actualmente condenado a más de 38 años de prisión en Estados Unidos.
El monto total de estas operaciones superaría los 40 millones de dólares, según estimaciones preliminares de las autoridades.
Reacciones ante las sanciones y dudas sobre su alcance
Las tres instituciones sancionadas no han emitido declaraciones oficiales. Tampoco se ha precisado si sus sucursales extranjeras, fuera de México, podrían seguir operando con entidades estadounidenses.
Aunque el Tesoro no reveló qué bancos estadounidenses habrían recibido transferencias, funcionarios indicaron que las sanciones impedirán en la práctica futuras operaciones entre las instituciones mexicanas involucradas y el sistema bancario estadounidense.
Sin embargo, expertos advierten que los efectos de estas medidas podrían ser limitados si no se aplican con mecanismos de verificación más agresivos y si no hay cooperación firme entre ambos gobiernos.
Desde 2024, la administración Trump ha intensificado sus acciones contra los cárteles, designando a varios de ellos como organizaciones terroristas extranjeras y sancionando a decenas de personas por su relación con el tráfico de fentanilo. La presión sobre el gobierno mexicano también ha aumentado, especialmente en materia de cooperación para control fronterizo y fiscalización financiera.
A pesar de estas acciones, cifras del propio Departamento de Justicia muestran que las incautaciones de drogas y las muertes por sobredosis en Estados Unidos han comenzado a disminuir desde mediados de 2023. Esto plantea dudas sobre si la estrategia actual responde a una necesidad operativa real o a un enfoque político de endurecimiento.
En medio de esta ofensiva, crece la preocupación sobre la capacidad de las instituciones financieras mexicanas para detectar y reportar operaciones ilícitas, así como sobre la supervisión del sistema financiero transfronterizo.