Un mes después del hallazgo de 386 cuerpos apilados en el crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, Chihuahua, las protestas no cesan y la desesperación crece entre los familiares que exigen justicia y respuestas. El caso, destapado el 26 de junio de 2025 tras denuncias vecinales por olores fétidos, ha revelado un escándalo de negligencia y posible corrupción en el sistema funerario local. Los manifestantes, organizados en el colectivo Justicia para Nuestros Deudos, tomaron el puente internacional Santa Fe el sábado, buscando visibilizar su dolor y demandar celeridad en la identificación de los restos.
Ciudad Juárez: protestan por la lentitud en identificaciones
El descubrimiento en la colonia Granjas Polo Gamboa conmocionó a México: 386 cuerpos, muchos embalsamados desde 2020, yacían en condiciones insalubres, algunos apilados como “sacos”, según la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua. Hasta el 27 de julio, solo 27 cadáveres han sido identificados, con 13 entregados a sus familias, según la Dirección de Servicios Periciales. La técnica de rehidratación de tejidos, usada desde 2003 en el caso de las Muertas de Juárez, ha permitido recuperar huellas dactilares, pero el proceso es lento. “Es una angustia horrible. No sabemos si las cenizas que tenemos son de nuestros padres”, expresó Alberto Miranda Esparza, quien busca a sus progenitores.
Por su parte, la FGE ha atendido a 1,692 personas, 1,120 de ellas familiares directos, y ha enviado 71 huellas al Instituto Nacional Electoral, obteniendo seis coincidencias. La lentitud ha desatado críticas, con familiares como Dora Elena Delgado Barraza exigiendo “voluntad política” para resolver el caso. La ONU-DH instó a una investigación eficaz, mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió pesquisas por posible negligencia institucional. En 2024, Chihuahua registró 1,200 quejas contra servicios funerarios, según el INEGI, evidenciando fallos regulatorios.
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Ciudad Juárez: protestan contra funerarias coludidas
La indignación creció tras descubrirse que seis funerarias, incluyendo Latinoamericana y Del Carmen, subcontrataron servicios a Plenitud sin verificar las cremaciones. Familiares denuncian haber recibido cenizas falsas, como María Aldana, quien duda de los restos de su padre, entregados en 2020. “Las cenizas tienen piedritas, no sé si es él”, dijo a EFE. El 24 de julio, un cateo en una bodega ligada a Del Carmen halló tres cuerpos más, dos de niños, intensificando sospechas de una red clandestina. “Es una burla, todas las funerarias están coludidas”, afirmó Claudia Martínez, del colectivo Justicia para Nuestros Deudos.
Además, la FGE vinculó a proceso a José Luis Arellano Cuarón, propietario de Plenitud, y a Facundo Martínez Robledo, empleado, por inhumación ilícita y violaciones a la Ley General de Salud, enfrentando hasta 17 años de prisión. Dos empleados de Del Carmen también fueron detenidos. La fiscalía recibió nueve denuncias por fraude contra funerarias, que habrían cobrado por incineraciones no realizadas. En 2023, el 30% de los crematorios en México operaban sin regulación adecuada, según la Profeco, lo que agrava la crisis de confianza.
Ciudad Juárez: protestan por dignidad y justicia
Los manifestantes, con pancartas que rezan “Merecemos dignidad”, exigen sanciones a funcionarios de la Coespris, que no inspeccionó Plenitud desde 2022 pese a sanciones previas en 2020. “Queremos que la presidenta Claudia Sheinbaum voltee a vernos”, suplicó Martínez en el puente Santa Fe. El caso ha generado 1,346 entrevistas con familiares y ha puesto en evidencia la saturación del crematorio, que carecía de refrigeración y gas. Olga Sáenz, viuda de un peruano fallecido en 2022, describió la espera como “una pesadilla” tras descubrir que sus cenizas podrían ser mortero.
Pese a todo, el colectivo Justicia para Nuestros Deudos promete seguir protestando. La FGE trabaja en 181 cuerpos en rehidratación, pero con solo 61 nombres probables, la incertidumbre persiste. La comunidad de Ciudad Juárez, donde el 40% de los hogares ha usado servicios funerarios en la última década según el INEGI, exige transparencia y reformas al sistema. Mientras las familias esperan respuestas, el caso de Plenitud expone una herida profunda en la frontera, marcada por el dolor y la lucha por la dignidad de los fallecidos.